Con el apoyo de toda la bancada de Morena y tras la protesta de organizaciones ciudadanas y especialistas en derecho a la información de retirar de la fracción VII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) la frase que le otorgaba a la Secretaría de Gobernación la facultad de “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”.
“Proveer es una palabra que no queremos, ni pensamos ni deseamos esta potestad”, afirmó el coordinador de Morena y propuso que se elimine esta frase y regresar “a la redacción original de la iniciativa” aprobada por la Cámara de Diputados. Con esta modificación, la LOAPF retorna a San Lázaro.
La posición de Monreal y de Morena se adelantó a la de una larga lista de 20 oradores del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano que habían presentado reservas a este precepto que denunciaron como un intento de “control antidemocrático” hacia los medios públicos mexicanos.
“Después de los casos tan controvertidos como la llamada Ley Televisa, la Ley Chayote, en episodios distintos, o los actos reprobables de censura contra Carmen Aristegui o José Gutiérrez Vivó, de tantos reporteros, comentaristas, titulares de noticiarios de provincia que han sido cesados por atreverse a cuestionar, a criticar a determinado personaje de la vida pública y privada, que impactan en sus derechos de audiencias… nos preguntamos cuál debe ser el objetivo del nuevo gobierno y de la Secretaría de Gobernación para establecer una relación franca, sana y libre con los medios convencionales y digitales, bajo un nuevo enfoque social, bajo un nuevo enfoque cultural basado fundamentalmente en la libre expresión”, argumentó Monreal.
El político zacatecano afirmó que la reserva presentada “es para dejar claro que las atribuciones de la Secretaría de Gobernación no se van alterar” y que “los medios públicos de radio y televisión, por su naturaleza, por su objetivo, como están a cargo del Estado, siempre han buscado que sus contenidos sean preponderantemente educativos, de valores cívicos, de formación ciudadana, de profundo respeto a los valores, a la nación”.
Monreal admitió que el dictamen original “se modificó para establecer, con mucha preocupación para los medios, para los articulistas, para columnistas, para periodistas prestigiados y destacados, se alteró y se estableció una facultad a la Secretaría que altera el propósito fundamental para que la Secretaría de Gobernación pudiera tener esta potestad que nosotros no queremos, ni pensamos ni deseamos”.
La posición de Monreal fue avalada por la ex ministra y senadora Olga Sánchez Cordero, por el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, por el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, José Antonio Alvarez Lima, ex director de Imevisión en el sexenio salinista.
Alvarez Lima destacó que en Morena “se escuchan” las críticas y los reclamos de la sociedad civil y reconoció el esfuerzo de las organizaciones y de los especialistas que destacaron esta modificación preocupante.