El día de ayer, 28 de noviembre, concluyó el primer Foro Nacional SPE VIVA, Derechos de la infancia ante la pederastia clerical, realizado en Monterrey. La duración del foro fue de dos días, 27 y 28 de noviembre, y al finalizar Cristina Sada Salinas, organizadora del evento, dio lectura al documento final de las dos jornadas, bautizado como “Declaración de Monterrey”.
En este documento, se resaltó la urgencia de darle una respuesta inmediata a la grave problemática de la pederastia clerical, exigiendo que se restablezcan las jerarquías católicas, la de la sociedad y la del Estado y se incorporen a las mujeres y fieles.
Asimismo, se exigió que el pacto de silencio que encubre y legitima a muchos agresores sea abolido. Por lo que solicitan que se cumpla completamente con las observaciones que llevó a cabo el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó en la institución clerical hace cuatro años, en enero del 2014.
En las observaciones que realizó la ONU hace casi cinco años, se solicitó detener completamente el mecanismo de encubrimiento a los agresores sexuales de las niñas y los niños. En el documento se demanda por el cumplimiento de dichos puntos emitidos por la ONU, de forma que el Vaticano se vea obligado a entregar a las autoridades los listados y expedientes de los agresores sexuales dentro de las instalaciones de la Iglesia.
Esto con el propósito de hacerlo de conocimiento público y, asimismo, para que se lleven a cabo las acciones legales correspondientes. Igualmente, piden que el proceso sea transparente y que las familias, la feligresía y la sociedad civil en general puedan tener seguimiento del caso.
En el comunicado, expresan la importancia y la urgencia de modificar las leyes para tipificar inmediatamente el delito de pederastia, “porque aún existen 12 estados en cuyas legislaciones no lo han hecho, a la vez realizar un exhaustivo análisis de los códigos penales estatales tendientes a revisar las figuras legales relacionadas con el delito de pederastia, tales como el encubrimiento y la complicidad”.
Es necesario que se realicen protocolos o códigos de conductas que protejan los derechos de la infancia, aun dentro de la iglesia. En la “Declaración de Monterrey” también manifiestan que esto será posible a partir de un amplio diálogo social y el apoyo de los fieles y la sociedad civil. Asimismo, mencionaron la importancia de crear mecanismos de denuncia de fácil acceso para las niñas y los niños, adolescentes y sus familias.
Por su parte, los creadores del documento se comprometieron con generar una coordinación nacional, para la continuidad del esfuerzo y reflexión. También mencionaron comprometerse con “motivar a académicos e investigadores para que sigan profundizando en este fenómeno y se realice una investigación de la vida sexual y salud psíquica del clero”.
Al finalizar el foro y el documento, los participantes se comprometieron en buscar y hacer justicia para las víctimas de abuso sexual por parte del clero y, así, evitar que siga ocurriendo.
