ONU advierte sobre riesgos de ampliar prisión preventiva en México

Con 91 votos a favor y 18 en contra, el Senado de la República aprobó, el jueves 6 de diciembre, una serie de reformas al Artículo 19 constitucional, con el objetivo de ampliar la prisión preventiva oficiosa a delitos como abuso sexual, robo a transporte, utilización de armas exclusivas del ejército, desaparición forzada y el uso de programas sociales con fines electorales.

Otras modificaciones se basan en un artículo transitorio, el cual estipula que delitos como enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad estarán vigentes a partir del nombramiento del titular de la Fiscalía Relacionada con Hechos de Corrupción.

Los 18 votos en contra fueron principalmente de las facciones del PAN y Movimiento Ciudadano; argumentaron que, con base en recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las reformas al artículo vulneran los Derechos Humanos.

A partir de su aprobación, el Ministerio Público (MP) podrá solicitar a los jueces prisión preventiva cuando no sea posible asegurar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o testigos, o cuando el imputado haya sido procesado por otros delitos.

“Los estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que en la medida que un gobierno establece mecanismos de control más represivos, se incrementan los índices de delito y las detenciones arbitrarias”, apuntó el senador Emilio Álvarez Icaza.

El senador del PAN, Damian Zepeda, dijo que con las reformas al Artículo 19 se tendrá a los imputados en la cárcel sin tener la certeza de su culpabilidad.

“¿Está en la cárcel la persona, sí o no, con prisión preventiva oficiosa? Claro que sí, hasta 2 años de su vida”, señaló.

Asimismo, diversas organizaciones han denunciado que las reformas a la ley representan un retroceso en materia de Derechos Humanos.  Amnistía Internacional México, por ejemplo, publicó en redes sociales que “esto significa que las personas serán tratadas como culpables hasta que se demuestre lo contrario”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió al presidente del Senado, Martín Batres, así como a ocho coordinadores parlamentarios, una carta en la que expresan “su profunda preocupación ante la intención de expandir el uso de la prisión preventiva automática en México”, ya que la práctica de la prisión preventiva oficiosa es “contraria a los derechos humanos, a la libertad, a la seguridad personal y a un juicio justo con el debido proceso y garantías judiciales”.

“Entendemos que durante la discusión en las comisiones del Senado se reconoció que la medida representa un riesgo para los derechos humanos, pero se decidió aprobarla para, presuntamente, complacer la demanda ciudadana de mejoras en las políticas de seguridad”, subraya la carta.

La ONU dio cuenta al Senado que el país tiene “compromisos” internacionales tras firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Detallaron que en el artículo 9.3, de ese pacto, se indica que “la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general”; y  que el artículo 14.2 del pacto estipula que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

“Resulta preocupante que con el solo hecho de una acusación penal las personas deban ser automáticamente privadas de su derecho a la libertad personal, en ocasiones por periodos sumamente excesivos de prisión preventiva, antes de concluir un juicio contradictorio donde se examinan los hechos y el derecho aplicable”, acusó la ONU.

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