Los presidentes de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, y de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, presentaron este 10 de diciembre un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, quien concedió la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, y emplazaron al Poder Judicial a resolver antes del 15 de diciembre si es anticonstitucional o no esta nueva norma.
En un extenso documento, Batres y Monreal consideran que el ministro Pérez Dayán se excedió en sus facultades y explicaron que la suspensión no procede dado que en las acciones de anticonstitucionalidad, según el artículo 52 de la ley reglamentaria, y en el artículo 64 de la misma ley, existe la prohibición expresa de otorgar la suspensión a una norma general.
Martí Batres destacó la urgencia de su petición ante la proximidad del periodo vacacional del personal del Poder Judicial para que antes de eso, en el ejercicio fiscal de 2019, se puedan tomar en cuenta los ajustes necesarios a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Sobre los amparos que se interpusieron en contra de esta misma ley, Batres aseguró que hasta el momento el Senado ha dado respuesta a más de 200 procedimientos que han presentado, principalmente, el personal del Poder Judicial, en especial, magistrados.
Cuestionado sobre la manifestación de 1, 400 jueces que expresaron su defensa ante la autonomía e independencia del Poder Judicial, Batres afirmó que “la autonomía es básicamente un ejercicio de toma de decisiones”.
“Esto quiere decir que en los temas de carácter jurisdiccional sólo ellos pueden tomar decisiones, esa es la autonomía del Poder Judicial. Así es que ésta simplemente se ejerce y no se vulnera por ninguna de la toma de decisiones”, argumentó Batres.
Sobre el reclamo de que no ganan 600 mil pesos mensuales, como ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador de Morena afirmó que “si no ganan los 600 mil pesos que se dice, si ganan mucho menos, entonces cuál es la preocupación”.
Explicó que la resolución del ministro Pérez Dayán lo que afirma es que la disminución salarial sea en los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero no en el Judicial. La impugnación a la decisión del ministro Pérez Dayan tiene sentido porque “contraviene el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones Primera y Segunda del artículo 105 de la Constitución que dice que “al determinar, al admitir una acción de anticonstitucionalidad, no se dará el lugar a la suspensión de la Ley cuestionada”.
“El ministro Pérez Dayán está yendo más allá de lo que establece la Constitución”, sentenció Batres.