En la Secretaría de la Función Pública existen en investigación un total de 52 mil quejas y denuncias sobre responsabilidades de servidores públicos, de las cuales, sólo 21 mil están concluidas y 6 mil se turnaron al área de responsabilidades para el proceso administrativo sancionador, informó la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, al exponer su plan de trabajo ante comisiones del Senado.
Este año, la dependencia conoció 11 mil 864 expedientes que involucran a 13 mil funcionarios “en los que muy probablemente los servidores públicos tienen responsabilidades dobles y en algunos casos triples”.
Advirtió que de este total, el 48 por ciento son expedientes resueltos, es decir, un 5 mil 597, y 6 mil 200 aún están en proceso de atención. En los expedientes resueltos se determinó imponer una sanción pecuniaria, administrativa o directa sólo en 900 casos y 4 mil 696 se cerraron, archivaron o se determinó que no había sanción.
Sandoval destacó que “fueron muchos años de simulación” en el combate a la corrupción, “con reformas incompletas que excluían a la sociedad de los procesos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas”.
Ante las dudas y cuestionamientos de los legisladores, especialmente los senadores de oposición Clemente Castañeda, del Movimiento Ciudadano, Xóchitl Gálvez, del PAN, y Beatriz Paredes, del PRI, Irma Eréndira Sandoval advirtió que el eje central no será una política “persecutoria ni denostadora”, pero en los casos emblemáticos de corrupción se empleará la política del “derecho administrativo sancionador”.
Destacó que los expedientes abiertos más importantes son el asunto Odebrecht, en diferentes juzgados, y están en análisis y revisión desde la nueva Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría a su cargo.
