El vocero del gobierno de Puebla, Max Cortázar, y los secretarios de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, coincidieron en señalar que no están claras aún las causas que provocaron el desplome de la aeronave Augusta, donde viajaban la gobernadora en funciones de Puebla, Martha Érika Alonso, su esposo y senador panista Rafael Moreno Valle, así como tres personas más: el piloto Roberto Coppe, el copiloto Marco Antonio Tavera y Héctor Baltasar Mendoza, asistente del coordinador de los senadores de Acción Nacional.
En ruedas de prensa separadas por unos minutos, los voceros del gobierno local y del federal evitaron especular sobre las posibles causas, aunque en ambos casos coincidieron en que el desplome de la aeronave ocurrió diez minutos después, a las 14:40 horas, de que partieran de Tlaxcala, rumbo a la Ciudad de México.
“Sabemos que tomaron una aeronave privada y diez minutos después se perdió la comunicación con la torre de control”, afirmó Jiménez Espriú, quien ofreció toda la información y transparencia para dar a conocer “las causas” que provocaron el derrumbe y la muerte de estas cinco personas en un paraje de Coronango, comunidad que se encuentra a 15 minutos del estado de Tlaxcala.
El vocero Max Cortázar aclaró que será el secretario general de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida, quien asumirá como “encargado de despacho” de la gubernatura y entre 3 y 5 meses deberán convocar a elecciones extraordinarias para elegir gobernador sustituto. De esta manera, se frenaron las especulaciones y versiones no confirmadas sobre la presunta muerte también de Rodríguez Almeida ya que habría viajado también en la aeronave.
El secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, también ofreció actuar con “total transparencia” y proporcionar la información disponible “conforme vaya saliendo”.
El encargado de despacho de la gubernatura de Puebla, Rodríguez Almeida, deberá enviar la solicitud a Gabriel Biestro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso quien calificará la ausencia definitiva de la gobernadora para proceder conforme marca la Constitución de Puebla y convocar a elecciones en un lapso de 3 a 5 meses, según aclaró Max Cortázar.
