Los primeros 15 aspirantes de un total de 27 al cargo de Fiscal General de la República comparecieron este lunes ante la Comisión de Justicia con distintas propuestas para fortalecer la autonomía e independencia del organismo, crear fiscalías regionales sólidas y eficientes, evitar duplicidades, respetar los derechos humanos, crear un “frente común” en la lucha contra el crimen organizado y terminar con las investigaciones “amañadas”.
En la primera de dos sesiones en el seno de la Comisión de Justicia, comparecieron las candidatas mujeres como son Verónica De Gyves, Mónica Cecilia Luna Barrientos, Estela Cadena Azcona, Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria e Ivonne Olvera Lezama.
De Gyves, integrante de la terna original enviada por el Ejecutivo federal, se comprometió a defender la autonomía de la Fiscalía ante cualquier injerencia pública o privada, además de trabajar de forma coordinada con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Se buscará detener las vejaciones a los derechos humanos y los abusos de autoridad”, afirmó.
Luna Barrientos indicó que pretende dirigir una institución que persiga e investigue los delitos, pero también buscar soluciones alternas. Coincidió en respetar los derechos humanos y “empoderar a la víctima”. Propuso que la Fiscalía rinda cuentas sin menoscabo de su autonomía y que en la primera etapa se realice un “saneamiento” de los integrantes.
Cadena Azcona propuso un “modelo integral” que permita optimizar recursos y articular la política de seguridad y justicia, y visualizar una proyección de resultados en el corto y mediano plazos. Indicó que la Fiscalía requiere “un programa de sensibilidad y gestión del cambio”.
Padilla Sanabria subrayó que está dispuesta a “meter a la cárcel a cualquier persona que lacere, en cualquier rubro delictivo, a la sociedad mexicana”. Se comprometió a combatir la corrupción en el país y a recuperar activos para fortalecer el Estado Mexicano.
Olvera Lezama detalló que los delitos que más afectan al país son el narcotráfico, el tráfico de armas, trata de personas y el “huachicoleo” o robo de combustibles. Planteó crear un Plan de Persecución Penal con un sistema estadístico confiable, ya que el actual contiene datos erróneos.
Por otro lado, también comparecieron los candidatos José Alberto Rodríguez Calderón, Gabriel Hernández Campos, Jorge Alberto Cruz Medina y Arturo García en la primera sesión de la mañana.
Rodríguez Calderón propuso fortalecer el servicio civil de carrera de la Fiscalía, promover la descentralización de funciones mediante fiscalías regionales sólidas y eficientes y realizar una redistribución de personal de la institución. Se pronunció por ampliar las facultades en relación con atención a las víctimas.
Hernández Campos exhortó a todos los sectores de la sociedad a construir un clima de paz en el país y dijo que la Fiscalía deberá convocar a diversas corrientes ideológicas, sociedad civil, especialistas en derecho y procuración de justicia.
Cruz Medina llamó a crear un “frente común” entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad. “De otra manera, nos estamos dividiendo y los únicos beneficiados de que el gobierno no se coordine y la fiscalía no se organicen, son los delincuentes”, sentenció. Explicó que ahora él trabaja en la fiscalía de San Diego, California.
Aturo García Jiménez afirmó que se requiere capacitación, sin sesgos ni investigaciones “amañadas”, respeto irrestricto a los derechos humanos, así como asistencia y reparación del daño a las víctimas del delito.
Fiscal ajeno a vaivenes políticos
En la segunda parte de las comparecencias de este día, Julio Ángel Sabines Chesterking urgió a combatir la corrupción e impunidad y sentenció que el Fiscal General “debe estar lejos de los vaivenes políticos”, ser un servidor con plena autonomía, pero con estrecha colaboración con otras instituciones. Propuso aumentar el número de investigadores, materializar el Sistema Nacional Anticorrupción y contar con un modelo de investigación científica, moderna y tecnológica.
Florencio Hernández Espinoza planteó que se requiere reformar el artículo 19 constitucional, en su segundo párrafo, sobre los delitos graves, para aumentar el catálogo de los que requieren prisión preventiva oficiosa. “Sí hace falta la capacitación. Por eso se caen las investigaciones ministeriales, porque en su carpeta de investigación no observan los protocolos de actuación”, afirmó.
Félix Manue Méndez García afirmó que es necesario recuperar la confianza de la ciudadanía y pidió que no exista favoritismo para ninguno de los aspirantes.
Por su parte, Mauricio Moreno Vargas consideró que el problema de la ineficiencia de la Fiscalía es institucional, “no es una cuestión normativa, sino operativa”.
Ernesto López Saure aseguró que debe existir una separación entre los intereses políticos y la procuración de justicia. Se comprometió a aplicar un sistema de empoderamiento y dignificación de los funcionarios, así como capacitación permanente.
Roberto Valero Chávez indicó que el país tiene la oportunidad de “enderazar las cosas, reconciliarse con la sociedad. No se trata de entrar en conflicto”. Dijo que el fiscal debe ser impecable para combatir los delitos en todos los niveles.
