Del 18 de enero al 1 de febrero, se llevará a cabo la IV Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el estado de Guerrero. Se trata de un esfuerzo realizado desde la sociedad civil para dar con el paradero de quienes han desaparecido como consecuencia de la violencia estructural y de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país. La Brigada Nacional “no busca encontrar responsables de la desaparición” de estas personas, sino localizarlas e identificarlas “para devolverlas a sus familias”.
Financiada por donativos de la ciudadanía y coordinada por la Red de Enlaces Nacionales, la Brigada trabajará en los municipios de Huitzuco, Iguala, Taxo, Chilpancingo y Cocula, mediante la búsqueda en campo de fosas clandestinas y la coordinación con autoridades estatales y federales para el procesamiento de los restos encontrados. A esta labor se sumarán expertas y expertos independientes en antropología y derecho, así como organizaciones, defensoras y defensores de derechos humanos. Participarán también voluntarios de 21 estados de la República, siendo Veracruz, Sinaloa y el Estado de México los de mayor presencia, después de Guerrero.
Durante la III Brigada de esta naturaleza, efectuada en 2016, se encontraron más de 4 mil restos y fragmentos óseos, mismos que fueron entregados a la División Científica de la Policía Federal para su posterior identificación. De acuerdo con Amaya Ordorika, integrante de la organización Familiares en Búsqueda, este esfuerzo se hace “sin criminalizar ni estigmatizar a las personas desaparecidas”, con miras a establecer un diálogo “entre los diferentes actores que se han visto involucrados dentro de la ola de violencia que atraviesa el país”, para así abonar “a la reconstrucción del tejido social” y sentar las bases “para la tan necesaria reconciliación nacional”.
“Esto no quiere decir que la Brigada Nacional haya abandonado la noción de justicia, ni que acepte la impunidad frente a la crisis de derechos humanos”, aseguran Ordorika y Montserrat Castillo, también integrante de Familiares en Búsqueda, “sino que asume un entendimiento complejo de la noción de justicia, que pasa antes por la verdad y la no repetición que por el castigo”. Aunque la Brigada ejecuta “tareas que normalmente se atribuirían al Estado, tampoco permite que éste quede omiso”; su intención es “llevar de la mano” a las autoridades y hacerles cumplir sus responsabilidades.
Con respecto al nuevo gobierno federal, Amaya Ordorika asegura que “la Brigada ha recibido un buen acompañamiento”. “Esperemos que eso siga”, añade, y que se replique en “el seguimiento a los posibles hallazgos”. La activista e investigadora en temas de derechos humanos y política de drogas espera que el apoyo hasta ahora mostrado “se pueda extender a otros familiares que no estén concentrados en la Brigada o en la red”. “Que no sea una cuestión de fuerza política, que cualquiera reciba el trato adecuado”.
La IV Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas recibe aportaciones de la ciudadanía a través de los siguientes medios:
