¿Cómo actuar, como gobierno, ante la crisis venezolana? Pregunta compleja, respuesta aún más complicada. La primera respuesta del gobierno, del presidente López Obrador, fue invitar a Nicolás Maduro a su toma de protesta. La segunda respuesta fue negarse a firmar el comunicado del Pacto de Lima, en el que se solicitaba a Maduro no protestar como presidente para el nuevo periodo, justificada en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política, específicamente en el principio de “No intervención”. Una tercera respuesta, basada en el principio de la Doctrina Estrada (pronunciamiento sobre la legitimidad o ilegitimidad de un gobierno), se produjo ayer desde la cancillería.
Lo vivido desde hace algunos años en Venezuela es alarmante, hoy más que nunca. Cuatro millones de venezolanos han dejado su país por la falta de oportunidades, por la insegurida. ¡Una inflación de más de un millón por ciento! Lo cierto, es que en estricto sentido la justificación del gobierno mexicano para no desconocer el gobierno de Nicolás Maduro tiene sentido. Está en la Constitución. Cierto es también que a lo largo de nuestra historia se ha hecho caso omiso de ese principio en diferentes épocas, no nos engañemos. No olvidemos (y cito a Mario Ojeda Revah) el apoyo a los republicanos españoles en 1936, el repudio a Pinochet y el apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979.
¿Está usted de acuerdo en la decisión del gobierno? Bueno, puede estarlo o no. El manejo de la política exterior no es para nada democrático –y a mi parecer no tiene razón de serlo-, sino que es una prerrogativa del titular del Ejecutivo, y en todo caso, también del Senado.
No olvidemos que, en derecho internacional, cada Estado es soberano, y en ese sentido cada Estado tiene derecho a elegir su forma de gobierno sin interferencia de ningún otro país. Pero también es cierto que, a lo largo de los últimos años se ha impuesto una regla en el derecho de las costumbres, en razón de la protección de los derechos humanos al interior de cualquier Estado. En pocas palabras, los derechos humanos pueden ser una limitante de la soberanía estatal, haya o no tratados firmados, en la materia y en razón, del tipo de agresiones, pues nada ni nadie está por encima del ius cogens.
En fin, las protestas en nuestro país ante la falta de “protagonismo” del gobierno mexicano no se hicieron esperar, y por protagonismo me refiero a desconocer a Maduro. Sin embargo, reitero que en estricto sentido el gobierno mexicano ha actuado conforme a derecho (nuestro derecho interno).
Aquí regreso al artículo 89 fracción X de la Constitución, pues además de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos, se encuentran otros dos principios que también han sido pronunciados tanto por el presidente López Obrador, como por su canciller, Marcelo Ebrard: la solución pacífica de controversias y el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. ¿Declararse abiertamente en contra de Maduro y alzarse como un gran defensor de los derechos humanos o utilizar la Doctrina Estrada y dar el mensaje –aunque no sea el que se pretende- de estar a favor del nuevo gobierno de Maduro?
El caso venezolano puede ser un buen ejemplo de cómo estos principios pueden llegar a limitarse unos a otros y, en algunos casos, llegar a contradecir posturas, sobre todo en cuanto a la no intervención y a la protección de los derechos humanos vistos bajo la misma lupa.
Ayer, 24 de enero, en la conferencia matutina del presidente, el Canciller se refirió nuevamente a la postura de la siguiente manera: “nos preocupa la paz y el respeto a los derechos humanos. Coincidimos con la ONU sobre el rechazo a cualquier tipo de violencia política. Queremos avanzar hacia el diálogo y la paz”.
Bien, lo anterior abre las puertas para una segunda vía de protagonismo que quizá pudiera otorgarle mayor credibilidad al gobierno mexicano ante el mundo si llegara a tener éxito: el diálogo. En su capítulo VI, la carta de las Naciones Unidas ofrece distintas maneras (no limitativas) para resolver pacíficamente los conflictos: “la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”. Si esta es en realidad la ruta que pretende el gobierno mexicano, adelante y bienvenida sea, siempre y cuando México sea un protagonista, no un simple actor u observador. Y para llevarla a cabo no está solo, pues del mismo modo se pronunciaron Madrid, Montevideo y Naciones Unidas.
Esa vía de actuación se vería cerrada si se tuviera una política exterior más agresiva hacia el régimen de Maduro, y entonces México se vería nulificado junto al grupo de países que abiertamente se pronunciaron contra Maduro, los cuales más allá del pronunciamiento, tampoco tienen mucho más margen de maniobra (ni las sanciones económicas, pues China y Rusia seguirán sosteniendo al régimen).
El acento sobre las íes, quienes dirigen la cancillería parecen estar confundidos o no parece que busquen protagonismo para nuestro país, pues Marcelo Ebrard se refirió al futuro de la actuación mexicana en el caso: “respecto a procesos políticos, primero tenemos que ver cuáles van a ser los planteamientos de Naciones Unidas y de otros países”. Esperaríamos todos que en esta novela, sea nuestro país quien lleve la batuta. Cierto es que México abiertamente reconoce el actual gobierno.
En fin, el acertijo venezolano es muy complicado para todo el mundo. ¿Cómo dialogar con alguien que no quiere dialogar como es el caso de Nicolás Maduro? Ese es un gran crucigrama para el gobierno mexicano, si existe alguna pretensión seria en el tema. Alimentar a la oposición con dinero o armas (en el caso más extremo) desde el exterior, puede desencadenar un baño de sangre en el país sudamericano que no se detendría fácilmente, pues hoy las fuerzas armadas volvieron a declararse leales al régimen. Esa es una de las principales causas por las que el gobierno de Juan Guaidó no podrá ser en este momento, pues tampoco tiene presupuesto.
Puede tomar mucho tiempo volver a ver el orden establecido en Venezuela, días, meses o quizás años. Al final, si Maduro no quiere dialogar, México deberá tomar, si es que pretende ser paladín de los derechos humanos en la región, una postura más agresiva. El punto es no dejar que corra tanto el tiempo.
Nota al pie: no, no es la culpa del “imperialismo yankee”.