En un acto inédito en su historia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) inició una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables del caso #GobiernoEspía. En 2017, el diario The New York Times reveló que el Gobierno Mexicano espiaba de manera sistemática a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos a través del malware de origen israelí, Pegasus. En razón de ello, este organismo autónomo inició tal procedimiento en contra de la entonces Procuraduría General de la Repúbica (PGR).
De acuerdo con el comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, la PGR declaró que en 2017 este software se había dejado de utilizar, siendo el último contrato celebrado en 2014. Sin embargo, la hoy Fiscalía General de la República (FGR) reconoció la existencia de dos contratos más que se habrían iniciado en 2016 y 2017. El Instituto también anunció que “se dará vista a la Auditoría Superior de la Federación para que verifique los bienes adquiridos y los servicios contratados por la entonces PGR relacionados con el software Pegasus e investigue, en el ámbito de sus atribuciones, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad, o presunta conducta ilícita o comisión de faltas administrativas”.
La PGR habría incumplido con “el deber de seguridad y el principio de responsabilidad”, dado que se carecía de una bitácora de uso para el tratamiento de datos personales, en relación con el software mencionado. Pegasus recolectaba, de manera ilícita, datos personales y los almacenaba en bases y aplicaciones.
Aunque la actual FGR aseguró que en la actualidad el software ya no se encuentra instalado, el INAI la instruyó a acreditar, “de manera formal”, que esta aseveración es cierta y que Pegasus ha sido desinstalado del equipo de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal y de cualquier otro equipo en posesión de la Fiscalía.
El INAI también pidió “precisar las políticas, métodos y técnicas que dan cuenta de la desinstalación del software, considerando la irreversibilidad, seguridad y confidencialidad; así como, acreditar fehacientemente que no es factible instalar nuevamente el software adquirido en algún equipo en posesión de la ahora Fiscalía General”. También se solicitó a la FGR publicar en su portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia los contratos celebrados en 2016 y 2017.
Ésta “es una oportunidad que tiene esta nueva Fiscalía, en su carácter de autónoma, y esta nueva administración”, aseguró el comisionado Oscar Guerra Ford. “El actual presidente de la República dijo que ya no habrá golondrinas en el alambre, primero hay que ver si no hubo antes y si hubo que se hagan las investigaciones, se demuestren los hechos y se hagan las sanciones”, sentenció.
