La secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó un plan emergente para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, con el fin de garantizar sus derechos de integridad y seguridad, y reiteró que los refugios para mujeres continúan operando, aunque bajo la rectoría del Estado.
El año pasado se registraron 3 mil 580 mujeres víctimas de violencia feminicida. Esto significa que, cada 160 minutos son privadas de la vida al menos una mujer o una niña, en manos de conocidos. “A todas ellas las une un factor común, la falta de intervención oportuna y diligente del Estado mexicano para asegurar su integridad y garantizar su vida”, aseguró Sánchez Cordero.
Asimismo, en la conferencia de prensa de este 6 de marzo, la reciente titular de Instituto Nacional de Mujeres (INMujeres), Nadine Gasman, presentó el objetivo primordial del plan, puntualizando que “es un objetivo muy claro” y es “garantizar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en el país”.
Por su parte, también destacó que la Alerta de Violencia de Género (AVG) ya se ha declarado en 17 entidades. Sin embargo, también falta incluir la recomendación que el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujeres (CEDAW) señaló: “es necesario adoptar medidas urgentes para evitar los asesinatos, desapariciones y la violencia que sufren las mujeres”.
Nadine Gasman apuntó que “estas medidas son para detener la violencia feminicida”, ya que la situación de emergencia que se vive en el país en materia de seguridad e integridad hacia las mujeres y las niñas lo demanda.
El objetivo de este plan es “asumir como un problema de Estado la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas; y colocar en el máximo nivel de decisión esta responsabilidad”, añadió Nadine Gasman
La titular del INMujeres mencionó que la realización de cada una de las acciones será a través de los sistemas y mecanismos ya creados por las leyes, por ejemplo, a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública y las diferentes Conferencias de Seguridad y Justicia, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, entre otros.
Dentro de las medidas de prevención que se incluyeron en el plan, es que las acciones serán coordinadas en las zonas prioritarias y a través de las coordinaciones estatales para la construcción de paz. Igualmente, se habló del fortalecer la coordinación entre autoridades locales y federales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes.
Nadine Gasman mencionó la creación de un registro del Sistema Público Concesionado y la recuperación de espacios públicos con el enfoque de hacer ciudades de espacios libres de violencia, igualmente añadió el seguimiento de la vigilancia en los lugares de hospedaje, el desarrollo de un aplicación para teléfonos móviles con enlace al 911, la creación de campañas permanentes sobre el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, y el respectivo seguimiento a los avisos de desapariciones de niñas, niños y mujeres.
En materia jurídica, el plan emergente para la protección de mujeres pretende crear una auditoría de los de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y desapariciones a fin de identificar líneas de investigación y problemas estructurales. De igual modo, se busca impulsar herramientas para una investigación con la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres.
Dentro del plan también se busca dar una atención digna para las mujeres víctimas de violencia, como la adopción del paquete de servicios esenciales para quienes hayan sufrido de ella, este paquete incluye el servicio en áreas de protección y seguridad, salud, procuración de justicia y empoderamiento económico, con la idea de solventar sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad.
Asimismo, se pretende la integración de un padrón de registro con las víctimas, especialmente hijas e hijos menores de edad, así dependientes económicos de las mujeres asesinadas o desaparecidas
Para dar un seguimiento con las disposiciones anteriores, se mencionó que se revisarán las alertas de género contra las mujeres decretadas en el país, y se creará un mecanismo de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las medidas de Alerta, de acuerdo a una de las recomendaciones dictadas por el CEDAW.
La titular también mencionó que todo esto no serviría de nada sin una rendición de cuentas, por lo que se comprometió a dar un informe mensual sobre los avances, los retos y los obstáculos que se encuentren en la instrumentación del plan emergente.
A pregunta expuesta, la titular del INMujeres aseguró que “los refugios siguen funcionando, hay un compromiso del gobierno de mantener los servicios, pero con la rectoría del Estado”.
Igualmente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recalcó que se buscará proteger los derechos reproductivos de las mujeres y su derecho a decidir sobre su cuerpo, “se pretende no criminalizar a una mujer, no llevarla y sujetarla a un proceso penal y privarla de su libertad. Esta es un tipo de revictimización de la mujer y es una política altamente discriminatoria”, comentó, al hablar sobre la penalización del aborto.
