Diputados sostienen que puede terminar en acciones inconstitucionalidad, amparos, denuncias penales, y proceso de desafuero de algunos funcionarios que lo acaten.
Luego de que el Presidente López Obrador firmó el memorándum para revertir la Reforma Educativa, los diputados del PAN, PRD, MC, PRI y hasta de la bancada sin partido, están en contra de dicho documento porque aseguran que no tiene ningún sustento jurídico, y si es apoyado por los secretarios de Estado, a los que fue enviado, cometerían un acto ilegal.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks hizo mención de los supuestos legales que proceden en este caso: amparos, denuncias penales y acciones de contrariedad y, hasta acciones para juicio político y proceso de desafuero de algunos funcionarios.
“Estoy empezando a estudiar el alcance del documento. Es un documento tan mal hecho, tan ocurrente, tan aleatorio, que como no funda ni motiva, de entrada, cualquier funcionario mínimamente conocedor del derecho, no lo acataría porque no está fundado ni motivado. No alcanza el nivel de decreto es entre un insulto y la nulidad”, expresó.
Tanto líder panista y la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña coincidieron en que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como jurista y persona que ha actuado con ética, logre hacer entrar en razón al presidente; igual que al secretario de Educación y Hacienda.
“Hay ciertas responsabilidades, sobre todo en el Código Penal Federal, donde se establece ahí que todos los servidores públicos están obligados a cumplir con su responsabilidad y seguramente que existen otras que tienen que ver con que no cumplen con su responsabilidad. Digo, si hay una responsabilidad y no se cumplió, por supuesto que debe haber una sanción”, advirtió la legisladora perredista.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, también se sumó a criticar el fundamento legal de dicho documento, y mencionan que los funcionarios a los que fue transmitido no tienen la obligación de acatarlo; y que dé obedecer a esta orden presidencial cometerían un delito, como lo establece el Art. 216.
“Movimiento Ciudadano expresa su preocupación ante el memorándum enviado por el presidente: en los términos que está, particularmente el inciso B) es una ruptura en el orden legal, por la petición emitida a los titulares de las secretarías de Gobernación, Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, de dejar sin aplicación el texto actual del Art. 3o Constitucional y las leyes que de él emanan”, se puede leer en el comunicado.
El grupo parlamentario sin partido, pese a que últimamente han fungido como aliados de Morena en San Lázaro, en voz de Ricardo Gallardo, su coordinador, señalaron que en la transformación de México lo esencial es el respeto a la Carta Magna.
Por otro lado, René Juárez Cisneros, coordinador del PRI recordó que el denominado memorándum, como orden administrativa, sería un acto inconstitucional pues violaría el artículo 89 fracción I que obliga al Presidente a cumplir las leyes y decretos que expida el Congreso.
También hizo mención del artículo 49 de la Constitución, que establece que “el Presidente no puede asumir las funciones del Poder Legislativo”; además, lo que propone es “inviable” e ignora el artículo 72 constitucional que establece: solo el Congreso de la Unión puede reformar, abrogar o derogar una ley, exigiendo “los mismos trámites establecidos para su formación”.
