Este martes se reunieron, en Sochi, Rusia, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov. “Tenemos desacuerdos sobre Venezuela”, dijo el funcionario norteamericano, y añadió: “Llegó la hora de que Nicolás Maduro se vaya, solo le ha causado miseria al pueblo venezolano, y esperamos que el apoyo ruso a Maduro cese”.
Asimismo, Pompeo exhortó a otras naciones que apoyan a Nicolás Maduro para que terminen con su injerencia en los problemas de Venezuela: “Queremos que cada país que esté interviniendo en Venezuela deje de hacerlo. Queremos que los venezolanos recuperen su democracia y tengan elecciones libres y justas. Así que, sean fuerzas iraníes, chinas, cubanas u otras, la posición del gobierno de Trump es que deben dejar de tener un impacto y deben poner fin a su apoyo a Maduro”.
Por su parte, el diplomático ruso reviró la petición de los norteamericanos diciendo que: “La democracia no se logra por la fuerza”; del mismo modo, remembró el método constante de los Estados Unidos para involucrarse en la política de otras naciones: “Hay que recordar lo que ocurrió en 2003. En mayo de 2003 escuchamos como George W. Bush dijo que no había democracia en Irak y recuerden como en 2011 se dijo que Muamar Gadafi ya no estaba y ahora habría democracia en Libia, y todos sabemos de primera mano qué tipo de democracia hay ahora en Irak y en Libia. Sabemos que nada bueno salió de allí”, apuntó Lavrov, quien además dijo ante la prensa que las amenazas de Washington contra el mandatario venezolano no tienen nada que ver con la democracia.
Por otra parte, en la política interna de Venezuela, también este martes los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solicitaron a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el allanamiento de la inmunidad de los diputados Miguel Pizarro, Carlos Alberto Paparoni, Franco Manuel Casella y Winston Eduardo Flores que habrían participado en el fallido intento de golpe de Estado dirigido por Juan Guaidó, el pasado 30 de abril, mismo día en el que simpatizantes del propio Guaidó liberaron al opositor Leopoldo López, quien se encontraba bajo arraigo domiciliar acusado de asociación para delinquir y daño a la propiedad privada cumpliendo una condena de 14 años.
El máximo tribunal decidió solicitar el desafuero de los parlamentarios opositores por: “la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio”, según el propio TSJ.
En otro contexto, El Colectivo de Protección a la Embajada, formado por activistas que apoyan la administración de Nicolás Maduro, se mantienen en la Embajada de su país en Washington, Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump ordenara el pasado lunes su desalojo, pese a que llevan ya 35 días de plantón. Aunque fuerzas de seguridad llegaron al edificio diplomático, no lograron echar a los manifestantes.
Según el artículo 22 de la convención de Viena: “El Estado receptor tiene la obligación de proteger las sedes diplomáticas contra toda intromisión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión”; asimismo, según el derecho internacional, las fuerzas norteamericanas sólo podrían ingresar a la embajada venezolana si el propio gobierno de aquel país les permitiera hacerlo, y hasta el momento, el gobierno de Nicolás Maduro sólo ha expresado el permiso al mencionado colectivo de activistas para permanecer en el recinto.
Por su parte, el documento de desalojo que las fuerzas federales le entregaron a los activistas, aseguraba que los Estados Unidos no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro: “EU no reconoce autoridad al anterior régimen de Maduro, o a ninguno de sus exrepresentantes, para permitir a individuos la entrada legal, la permanencia en la propiedad o la toma de ninguna otra acción en la propiedad”.
