Ricardo Rodríguez Vargas queda a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), será el encargado del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de acuerdo con lo que señaló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario reveló que el Instituto “ya está funcionando” y hará tres subastas donde se ofrecerán vehículos de lujo, residencias y joyas. El dinero obtenido de la primera subasta, donde se venderán 68 vehículos y se estima en 133 millones de pesos, será destinado a municipios de Oaxaca.

Adelantó que luego habrá una segunda subasta de residencias, cuyas ganancias se destinarán a la rehabilitación de jóvenes con problemas de adicción. Y luego una tercera subasta de joyas decomisadas. En ese caso lo que se recaude se destinará a poblaciones de municipios de la montaña de Guerrero.

Por su parte, Ricardo Rodríguez Vargas, detalló que la primera subasta, de vehículos de lujo, será el domingo 26 de mayo en Los Pinos e iniciará a las 12 del día ofreciendo autos que habían sido resguardados en una bodega. Del total, 26 autos provienen de Presidencia, mientras los 42 restantes fueron confiscados por la Fiscalía General de la República.

En la segunda, de residencias, se ofrecerán dos inmuebles ubicados en la colonia Jardines del Pedregal y uno en Bosques de las Lomas, así como unas casas ubicadas en Acapulco y Cozumel y que pertenecen a la Presidencia de la República.

“Serán recuperadas unas casas en Acapulco y Cozumel que pertenecen a la Presidencia de la República para que esos recursos sean destinados a la construir caminos, puentes y escuelas en las zonas más marginadas de México”, mencionó.

En tanto, la tercera subasta organizada por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado consistirá en la venta joyas que han sido decomisadas a narcotraficantes.

“Queremos que se traduzca en obras, hospitales, de beneficio para las zonas marginadas del país”, dijo.

Por otra parte, confirmó que el gobierno federal le retiró un departamento valuado en 20 millones de pesos a Rosi Orozco, presunta activista contra la trata de blancas que ha sido señalada por actos de corrupción, y que pronto le decomisarán otra propiedad a su esposo, cotizada en una mayor cantidad.

“La instrucción ha sido muy puntual: que estos bienes no se almacenen; anteriormente funcionaba como un Robin Hood al revés: se le quitaba al pueblo y se le entregaba a los corruptos. Ahora ya no. Ahora la instrucción es devolverle al pueblo, legítimo dueño de estos recursos, de forma expedita, clara y transparente y con un destino manifiesto”, dijo.

Asimismo, explicó que se trata de una subasta martillo, donde cualquiera puede participar. “Es un precio base de los lotes de 28 millones de pesos”, indicó.

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