Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal, declaró que durante la administración anterior la evasión fiscal se “convirtió en un deporte nacional” porque se pensó que al hacerlo no se corrían riesgos. Ahora, dijo, se busca cambiar la legislación para que estos delitos se castiguen como parte del catálogo de delincuencia organizada.
Un informe del Servicio de Administración Tributaria apunta que de 2014 a 2018 se evadieron facturas por un total de 2 billones de pesos, o 500 mil millones de pesos al año.
Durante el seminario “Corrupción y lavado de dinero: XV aniversario de la UIF”, Aranda dijo que hasta el momento no han podido llegar a las cabezas de la defraudación fiscal, pues “los delitos fiscales son delitos no graves y el “marco jurídico no nos permite llegar a los beneficiarios finales”.
Señaló que, en contraste, sólo se consigue llegar a los “prestanombres” a través de los cuales se comete la defraudación y quienes por lo general “son muy pobres”.
“Tenemos que dejar de criminalizar a la pobreza, no podemos llegar a sancionar y meter a la cárcel a las personas que por causas de necesidad firmaron como accionistas”, dijo.
“Queremos al delincuente peligroso, al que hace de la defraudación fiscal su modo de vida, que viven de esos esquemas, esos defraudadores encantadores que vemos jugando golf, que vemos en los helicópteros, en los Ferrari, esos no los que queremos en la calle. Debemos tenerlos en la cárcel y catalogarlos como delincuentes peligrosos”, agregó.
Por lo tanto, apuntó que es necesario modificar la Ley contra la delincuencia organizada y equipararla con los delitos de defraudación fiscal.
En el Senado ya se discuten estas modificaciones, que corresponden a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimiento Penales y la Ley de Seguridad Nacional.