El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que el gobierno federal se encargará de crear y manejar los albergues para migrantes indocumentados, ya que se detectaron anomalías en el manejo de recursos que se les daban a las organizaciones no gubernamentales.
Detalló que a partir de ahora la subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaria de Gobernación se hará cargo de los albergues bajo un nuevo esquema y con la participación del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
“Cambias el procedimiento de apoyo a organizaciones no gubernamentales que atendían ese asunto.Nosotros ya no vamos a continuar con esa política. El Estado incumplía con esa responsabilidad Social. Las organizaciones gubernamentales recibían dinero, al final de cuentas los migrantes no recibían esos recursos. Ahora los albergues van a ser del gobierno, todos”, dijo.
AMLO explicó que detectaron albergues en donde las organizaciones no hacían llegar los apoyos a los migrantes, un esquema que el gobierno federal también detectó en el caso de las estancias infantiles y por lo que “se determinó que el gobierno, en el caso de los programas sociales, entregará recursos de manera directa”.
En ese sentido, el titular de la secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que se están implementando labores de inteligencia para detectar los esquemas de trata de personas en la frontera y poder informarlos más adelante.
“Están vinculados el sector financiero, las áreas de investigación de delitos y todas las áreas del Gobierno Federal que tienen algún tipo de relación”, explicó sobre el grupo de que dirige la investigación.
Como parte de esa misma estrategia, cuyo fin es controlar la migración ilegal, Ebrard anunció que el gobierno aplicará la extinción de dominio a los transportistas que participen en las actividades de tráfico de indocumentados. Apuntó que los transportistas detenidos el fin de semana, quienes operaban los tráilers en donde fueron localizados 791 migrantes, ya fueron detenidos y se les aplicarán las acciones legales correspondientes.
“La instrucción es impedir el tráfico de personas; a los transportistas se les han iniciado las acciones legales correspondientes y se va a llevar a la extinción de dominio”, dijo.
Agregó que los traficantes cobran por trasladar a una persona entre 3 mil 500 y 5 mil dólares, y que, sólo en el caso de los tráilers detectados el fin de semana, se trataba de una operación de alrededor de 69 millones de pesos.