Winston Churchill advirtió al pueblo británico que la guerra sería larga. Y en 1942 pronunció, en un desayuno relativamente informal, una de esas frases suyas que parecen resumir en un destello de retórica un instante histórico: “Esto no es el fin. No es ni siquiera el principio del fin. Pero sí es el fin del principio”.
El primer ministro de la Gran Bretaña -y de su imperio, ahora mero fantasma- se refería a la laboriosa victoria obtenida por los Aliados en la segunda batalla de El Alamein, una pequeña ciudad egipcia ubicada en medio del desierto norafricano. Este lance bélico definió el curso de la guerra en el Mediterráneo. El Afrika Korps de Hitler nunca volvió a amenazar el estratégico estrecho de Suez luego de ser derrotado por Montgomery, el comandante inglés de las tropas de la Commonwealth. Los nazis perdieron así la iniciativa y ya no pudieron, en un movimiento de pinzas ambicioso, tomar Suez y amenazar los campos petroleros del actual Irak, acaso juntamente con las tropas del Eje que combatían a los soviéticos en el Cáucaso -también zona rica en hidrocarburos.
Las palabras de Churchill nos podrían ayudar a reflexionar sobre estos momentos históricos -puntos de inflexión- donde la tendencia cambia. En el caso del futuro aeropuerto mexicano de Santa Lucía, el cual será la alternativa al malogrado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), varios grupos de presión y de intereses -algunos inconfesables, a decir del presidente López Obrador- económicos, a través de una ofensiva de litigio estratégico afianzada en diversos juicios de amparo, han logrado una aparente victoria en tribunales. Han obtenido lo que se conoce como “suspensión del acto reclamado”, en algunos casos de manera definitiva. Esto conlleva a que el proyecto aeroportuario en Santa Lucía no pueda iniciar su construcción y que las obras abandonadas del NAIM no puedan ser afectadas ni demolidas.
Pero: ¿realmente es una victoria aplastante lo obtenido por los opositores a la obra en Santa Lucía?
No lo es. Pero parecería que sí, por el peso que se les ha dado a estos incidentes de suspensión en los juicios de amparo. Sin embargo, no nos engañemos: esto apenas es el fin del principio.
Cuando me refiero al fin de una etapa inicial, hago alusión a que las suspensiones del acto reclamado no prejuzgan sobre el fondo de los juicios de amparo. Son mecanismos que el derecho procesal constitucional mexicano han establecido para “congelar” o paralizar lo que se conoce como el acto reclamado: la materia misma de la litis o controversia constitucional. En pocas palabras: para que haya sentencia definitiva en estos juicios de amparo, debe existir forzosamente asunto a debatir. La protección de la suspensión del acto reclamado permite preservar la materia del debate constitucional. Si la batalla jurídica es la construcción -o demolición- de obras públicas, entonces es lógico que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran. De lo contrario, las sentencias de los jueces federales no tendrían sentido práctico ni trascendencia alguna.
Se ha querido vender a la opinión pública que estas suspensiones, definitivas o provisionales, son algo muy trascendental. Y me parece que es exagerado decirlo así. Son relevantes, sin duda. Pero no son insalvables ni fatales.
Si el Ejecutivo Federal demuestra que Santa Lucía tiene, en tanto proyecto de aviación civil, todas las certezas de seguridad aérea para operar, presenta asimismo la Manifestación de Impacto Ambiental del futuro aeropuerto y libra el requisito del estudio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el cual se deberá acreditar si existe o no una supuesta “zona arqueológica” relevante en Santa Lucía, entonces el aeropuerto propuesto por el actual gobierno será un hecho consumado, al menos en lo legal.
En concreto: si esto fuese una batalla, tendríamos tres frentes
1.-El abierto en el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Estado de México; ahí la lucha se recrudece por la concesión de la suspensión a Juan Ramón Morena Mitre, quien es director de la firma P. Aquí se alega que Santa Lucía carece de Manifestación de Impacto Ambiental.
2.-Las 147 demandas de amparo del colectivo #nomasderroche, en un ejercicio interesante de litigio estratégico. Gracias a ellas, este colectivo -que agrupa entre otras a entidades tales como COPARMEX, Causa Común y México Unido Contra la Delincuencia, logró siete suspensiones en contra de la suspensión del NAIM y el inicio de obras en Santa Lucía, cuatro provisionales y tres definitivas. En estos juicios de amparo el debate se centra en los requisitos para iniciar obras: no sólo en la Manifestación de Impacto Ambiental, sino en los temas como el estudio que avale la seguridad de la operación del nuevo aeropuerto en Santa Lucía y la existencia de una supuesta zona arqueológica.
3.- El frente mediático. Es decir, las estocadas verbales entre el presidente López Obrador y varios actores que orbitan alrededor de los grupos que han presentado estos juicios de amparo; en particular el rifirrafe protagonizado hoy entre el señor presidente y la Barra Mexicana de Abogados, en donde se debate hasta dónde el titular del Ejecutivo Federal tiene derecho de réplica y libertad de expresión o si esto se puede entender como “presiones” a los jueces y a quienes han decidido esta vía de lucha jurídica contra proyectos de obra pública de obvia importancia para este sexenio.
Pero, insisto: apenas es el inicio de una larga guerra asimétrica y de desgaste en tribunales. Las cartas ganadoras las sigue teniendo el Presidente: basta con que en las audiencias constitucionales de los juicios de amparo presente la documentación idónea que avalen Santa Lucía y el fondo de los juicios favorecerá al nuevo proyecto aeroportuario. Y es sabido que las suspensiones de los actos reclamados duran lo que el juicio de amparo: ganado que sean los juicios en trámite, no habrá impedimento para sepultar al NAIM y ver el inicio de las obras en la actual base de la fuerza aérea aledaña al lago de Zumpango: Santa Lucía. Pretender que estas suspensiones, provisionales o definitivas, son heridas de muerte al proyecto presidencial es simplemente una falsedad palmaria, jurídicamente inviable. Son tropiezos, que no derrumbes.
Ahora viene la estrategia. La Consejería Jurídica de la Presidencia y las áreas jurídicas de las principales dependencias involucradas -señeramente, Comunicaciones y Transportes y Medio Ambiente- deben darle ya la munición necesaria al Presidente para frenar en tribunales las ofensivas contra su proyecto. Y la piedra de toque de este contrataque es pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conozca de todos los juicios de amparo, vía la facultad de atracción del máximo tribunal constitucional en México, a fin de resolver este nudo gordiano legal de tajo, para agilizar las futuras obras de un aeropuerto que el valle de Anáhuac requiere con premura.
El nombre del aeropuerto en Santa Lucía será “Felipe Ángeles”, en honor al más grande artillero y estratega militar de la mítica División del Norte villista. Como en toda guerra, sería ingenuo pensar que los contrarios al proyecto del aeropuerto propugnan sin intereses monetarios, por mero altruismo, en su empeño de frenarlo. Hay un peso económico en abandonar al NAIM no menor que sigue pesando en muchos bolsillos poderosos. Por eso aquí se debe obrar con diligencia, sin exabruptos y con una estrategia legal eficiente. Dejar que el Presidente luche en el tercer frente, el político y mediático, sin parque ni los cañones pesados de su equipo legal, es suicida. Ahora llegó el tiempo de los abogados. Las escaramuzas iniciales han terminado. Esto apenas es el comienzo de lo más arduo de la batalla; el fantasma de Felipe Ángeles también está en pie de guerra.