De acuerdo con el medio Contralínea, durante el gobierno del ex presidente panista Felipe Calderón se extravió la auditoría donde se vinculaba a Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, con actos de corrupción durante la remodelación de los pinos, los cuales tuvieron un costo al erario de 61 millones 895 mil pesos.
El medio apunta que recibieron una respuesta de la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Irma Eréndira Sandoval, en donde aseguran que se “pudo identificar que los documentos relacionados a la auditoría que refieren en su nota periodística fueron dados de baja del archivo de la institución en 2008”.
Por lo tanto, luego de realizar una segunda revisión “exhaustiva”, la institución encontró las evidencias que demuestra la destrucción de 50 cajas con documentos originales “que integraban ese amplio expediente de fiscalización 2015” y los cuales “estaban certificados por Roberto Muñoz Leos”,quien fue auditor de la fiscalización de las remodelaciones en Los Pinos y cuyo testimonio se consigna en la investigación.
“Se pudo localizar la versión digital del oficio mediante el cual la Oficialía Mayor de la Función Pública solicitó, en noviembre de 2007, al Archivo General de la Nación, la autorización para dar de baja definitiva 308 expedientes de los años 1993, 1998, 2000 y 2001, generados por la Unidad de Auditoría Gubernamental, por haber prescrito su plazo de conservación, entre los cuales se encontraba la auditoría 2015”, reza el comunicado recibido por el semanario.
Asimismo, se detalla la “baja definitiva de 308 expedientes con un peso aproximado de 280 kilogramos, que comprenden el periodo de 1993, 1998, 2000 y 2001, correspondiente a las transferencias 1631, 2109, 2578, 2580, 2581, 2584, y 2620, los expedientes están constituidos por copias y originales, generados por la Unidad de Auditoría Gubernamental”.
Contralínea revela que fue el panista Salvador Vega Casillas, entonces titular de la SFP y anteriormente coordinador de la campaña de Vicente Fox en las elecciones del 2000, quien determinó la destrucción de los archivos “por haber prescrito su plazo de conservación precaucional”, pues el plazo “para su conservación que estableció el gobierno de Vicente Fox había sido de tan sólo 5 años y el gobierno de Calderón determinó no extenderlo más”.
En la investigación, Contralínea cita los documentos que vinculan a Fox con actos de corrupción como tráfico de influencias en beneficio del arquitecto Humberto Artigas, quien era su amigo, así como subcontrataciones, pagos anticipados pese a que no se celebraban aún los contratos, sobreprecios, triangulación del gasto público y falta de entrega de bienes.
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