Tras la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana en el Senado de la República, la oposición criticó una partida secreta que podría ser utilizada de manera discrecional por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, el mandatario federal aseguró que del dinero ahorrado por medio de la austeridad, no será utilizado de manera discrecional.
La crítica fue sobre el artículo 61 dentro de la Ley de Austeridad que permitirá que el presidente pueda repartir los ahorros que se generen por decreto.
Algo que llamó la oposición “corrupción republicana, porque es una norma de buenas intenciones pero con corrupción, pues se le otorgará un cheque en blanco o más bien 90 mil millones al Presidente para que por decreto y a discreción haga uso de esos recursos”, como señaló la senadora Cecilia Márquez.
Ante esto, fue cuestionado el presidente esta mañana, explicó que esto ya era facultad del ejecutivo y que la Secretaría de Hacienda será la que podrá reprogramar y transferir recursos.
El artículo a la letra dice: “Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos, de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.
Cabe mencionar que en abril del presente año, los diputados aprobaron el artículo 74 constitucional que establece que “no podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República’’.
Desde 1977 a la fecha el artículo 74 constitucional ha sufrido 13 reformas y ha sido intocada la figura de partida secreta, por las Cámaras del Congreso de la Unión.
Esta madrugada, con 74 votos en favor y 29 abstenciones, el Pleno de la Cámara Alta aprobó esta mañana la Ley de Austeridad Republicana que sustentará una política administrativa para optimizar los recursos con que cuenta el Gobierno, mismo que también prohíbe el derroche de energía eléctrica, agua, telefonía móvil y remodelación de oficinas del servicio público.
Este nuevo dictamen fue remitido nuevamente a la Cámara de Diputados debido a dos agendas de última hora.
