Luego de que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentara un informe sobre la situación de las garantías individuales en Venezuela, el gobierno del país sudamericano calificó el documento de ser parcial y contradecir los principios a los derechos humanos.
En la cuenta de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, se publicó: “El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena”.
Por su parte, Bachelet aseguró en el informe de la ONU que el Estado venezolano puso en marcha desde 2016 una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
La oficina de la alta comisionada documentó 66 muertes durante protestas opositoras entre enero y mayo de este año, “de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos (grupos de militantes oficialistas)”, dice un comunicado que acompaña la presentación del informe.
Asimismo, la funcionaria de las Naciones Unidas informó sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad, en especial por las Fuerzas Especiales, cuya proporción “ha sido sorprendentemente elevada”.
El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Al respecto, el Ejecutivo de Venezuela rechazó que el 82 por ciento de las entrevistas utilizadas por la alta comisionada para fundamentar el informe, correspondieran a personas que se encuentran fuera del territorio venezolano.
“El Gobierno de Venezuela reitera su rechazo a la metodología empleada por la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos) para elaborar el informe sobre la situación de derechos humanos del país; son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la OACNUDH”, dice la respuesta gubernamental.
El gobierno de Nicolás Maduro presentó un documento en el cual realiza 70 observaciones al informe de la ONU. “El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena”, menciona la repuesta venezolana.
De igual forma, indica que: “el informe omite los pronunciamientos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos en relación con la situación de Venezuela, incluyendo los resultados de las visitas realizadas al país”.
Finalmente, la respuesta del gobierno Bolivariano concluye que “a partir de toda la información aportada, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela solicita a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe A/HRC/41/18, antes de su publicación”.
En tanto, la oficina de la Alta comisionada de la ONU insiste en otros datos, por ejemplo, que: “En 2018 el Gobierno registró 5 mil 287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras mil 569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”, dice el informe.
El documento presentado por Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU asegura que hasta el 31 de mayo “había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), incluido su presidente (el opositor Juan Guaidó), han sido despojados de su inmunidad parlamentaria”.
Sin embargo, la Alta Comisionada acogió con beneplácito la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos y pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales.
Empero, el informe de la ONU enfatiza que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de sus garantías fundamentales no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada.
“Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el informe. Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obstáculos omnipresentes y, en la mayoría de los casos, a investigaciones que se estancan.
Sobre esto, la respuesta de Venezuela, en el punto 69 de su documento fue: “En el párrafo 81 (b), el informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas “por motivos políticos”. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición. Aunado a ello, la terminología empleada se distancia notablemente de la asumida por la Alta Comisionada en su declaración de prensa al concluir la visita al país”.
La alta comisionada recomendó al Gobierno detener y remediar las “graves” vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales.
Por su parte, Venezuela sentencia: “En este documento se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, en el texto que puede consultarse en este enlace: https://t.co/KbLvMK9Ljo?amp=1
