La historia que usted leerá a continuación, pareciera, ojalá fuera, de ficción; sin embargo es real. Se trata de una más de las telenovelas que nos heredaron los regímenes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, que para no perder el hilo conductor de sus narrativas, se trata, como en otras ocasiones, de redes corruptas, lavado de dinero y asociación delictiva en los que se tienen participaciones especiales de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y el panista Diego Fernández de Cevallos, entre otros ya famosos personajes.

Los argumentos de esta novela en tres actos son producto de la orden de aprehensión girada por la agente del Ministerio Público, Gloria Minerva Sánchez Dávila contra de José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, José Antonio Vargas Hernández,  Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tanía Patricia García Ortega, todos ellos denunciados por la víctima de este drama, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, a quien, en este primer acto, le robaron un terreno que ahora vale 700 millones de pesos.

Primer acto: un fraude millonario al amparo político

El primero en caer de estos personajes ya buscados por la justicia fue Juan Ramón Collado Mocelo, quien mientras comía en un lujoso restaurante de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, fue aprehendido por miembros de la Fiscalía General de la República, el pasado 9 de julio.

Un mes antes, el 10 de junio de 2019, Hugo Bustamante Figueroa, declaró ante la Fiscalía diversas acusaciones contra los personajes antes referidos, quienes, a través de algunas empresas fantasmas o fachadas, lavaban dinero y realizaban actos ilícitos. El primer caso es el de Libertad Servicios Financieros, de la cual José Antonio Rico Rico fue presidente de 2005 a 2015 y Juan Ramón Collado “otro de los cabecillas de esta organización delincuencial” como miembro del Consejo de Administración.

Resulta que en 2010, Hugo Bustamante, se hizo accionista de una empresa llamada Operadora de Inmuebles del Centro S.A de C.V, siendo dueño del 50 por ciento del capital, mientras que el resto le pertenecía a José Antonio Rico Rico. Esta empresa adquirió un terreno en Querétaro, ubicado en  las avenidas Fray Luis de León y Boulevard Bernardo Quintana con una superficie de 3, mil 877.17 metros cuadrados y en dicho terreno “edificamos un inmueble de seis niveles y con seis niveles de estacionamiento, el cual al día de hoy tiene un valor de 700 millones de pesos”, dijo Bustamante en su declaración. A este “inmueble”, se le conoce como la Zona Comercial Centro Sur.

En una asamblea de accionistas a la que Hugo Bustamante no fue convocado, el 30 de julio de 2013, nuestra víctima en la historia es despojado de sus acciones en un movimiento donde no se tiene firma alguna de su autorización para la venta total de Inmuebles del Centro S.A de C.V, la cual fue “adquirida”, por José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú, quienes repartieron en 50/50 el botín.

En marzo de 2015, Jesús Alberto Cárdenas Rico, a través de José Antonio Vargas Hernández, vende la Zona Comercial Centro Sur por 156 millones de pesos y 17 millones 222 mil 400 pesos. Entre marzo y abril, los recursos pagados por la venta del inmueble y las acciones de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V., fueron sustraídos ilegalmente por el Presidente del Consejo de Administración de la empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., Juan Ramón Collado Mocelo, e inmediatamente retirados en diversas partidas a distintas empresas propiedad de José Antonio Rico Rico.

Tania Patricia Garcia Ortega, fue la encargada de las operaciones para disponer del dinero obtenido vía Inmuebles del Centro, a través de otras empresas propiedad del propio José Antonio Rico, las cuales son: Administradora Cimatario S.A. de C.V., Despacho Integral de Inmuebles S.A de C.V. y Administradora Ario S.A. de C.V.

Entonces aquí se pone bueno, porque cuando Hugo Bustamante pregunta en abril de 2015 el porqué no le depositaron su correspondiente renta mensual de 852 mil pesos, José Antonio Rico le informa que le vendió el inmueble a Javier Rodríguez Borgio, a través de Libertad Servicios Financieros S.A, la cual pagó por la edificación 156 millones de pesos, cuando en realidad valía 700 millones, según el propio Bustamante.

En una tercera reunión que sostiene con José Antonio Rico, surge nuevamente el nombre de Juan Ramón Collado, pues Rodríguez Borgio se “echó para atrás” y ahora sería Collado quien compraría el inmueble y la administración de Servicios Libertad Financiera.

Hugo Bustamante comienza entonces un viacrucis para saber qué pasó, primero con sus acciones, por qué terminaron en manos de Fanny Gabriela Frías Cantú; luego qué pasó con su parte de su patrimonio invertido en la Zona Comercial Centro Sur. En sus investigaciones, se percata de que tanto Collado como Rico, han utilizado las empresas antes referidas y su propio capital para hacer lavado de dinero que rastrea hasta cuentas en España y Andorra.

Cuando Bustamante comprende que había sido víctima de un fraude, tiene una ríspida conversación con  José Antonio Rico Rico, quien finalmente deja las máscaras y le dice, así, a bocajarro: “Tu pinche parte del edificio y otros dineros -refiriéndose obviamente a recursos de Juan Collado Mocelo y Javier Rodríguez Borgio- se los dimos a Pancho Domínguez, para su campaña”. Francisco Domínguez Servién, es hoy gobernador del estado de Querétaro y hasta ahora ha negado cualquier vínculo con Juan Collado. Sin embargo, Hugo Bustamante obtuvo informes de que al menos 100 millones de pesos, fueron desviados para la campaña del ahora mandatario queretano, los cuales, salieron de la venta de su inmueble.

¿Y cómo lograron estos pillos de cuello blanco triangular todos estos recursos y defraudar a nuestra víctima, Hugo Bustamante?, pues según el propio acusador, no sólo contaban con los favores políticos de Francisco Domínguez como gobernador de Querétaro, sino también, de grandes personajes que están detrás de Libertad Servicios Financieros, los cuales son los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como Mauricio Kuri, hoy líder de la bancada de Acción Nacional en el Senado de la República, quien admitió que en efecto, fue consejero de Libertad Servicios Financieros, pero renunció en 2015. Toda esta información, el acusante la confirmó con Jesús Beltrán González, director general de la propia empresa. Incluso, en su comparecencia del 20 de junio ante la Fiscalía, Bustamante habla de 30 millones de pesos en maletas entregados para las campañas de Francisco Domínguez y del propio Kuri.

Segundo acto: Gallos Blancos y Oceanografía

En 2002, José Antonio Rico Rico decide comprar por 7 millones de dólares al equipo de futbol de los Gallos Blancos de Querétaro, bajo un esquema de pago “en el que Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P. emitía facturas por diversos servicios tales como, construcción, remodelación, etc., a diversas empresas propiedad del Sr. Tirso Martínez, y contra esas facturas íbamos liquidando el importe, en aquel tiempo los ingresos de Libertad Servicios Financieros se limitaban a las aportaciones en forma de ahorro de cada uno de los cientos de miles de socios”.

Cabe resaltar, para seguir aderezando la historia, que Tirso Martínez, conocido como “El futbolista”, es el mismo capo de la droga detenido en febrero de 2014, extraditado a los Estados Unidos en 2015 y uno de los testigos en el juicio del Joaquín “El Chapo” Guzmán, celebrado entre 2018 y 2019.

El equipo de Libertad Servicios Financieros, al cual por cierto pertenecía el propio Hugo Bustamante, le hizo ver a Rico Rico, que la compra de un conjunto de futbol iba a ser mal vista en el ámbito social y financiero por lo que ese mismo día “optamos por hablar con los hermanos Jorge y Alejandro Vázquez Mellado a fin de que aparentaran que ellos habían comprado el equipo, lo que no era cierto (…) Los hermanos Vázquez Mellado hicieron múltiples gestiones de cobro, nunca supimos cuánto en realidad, les reconoció la Femexfut para acreditárselo. Nos cambiaban las versiones a cada momento y como los contratos los tenían ellos, nosotros no podíamos hacer nada, tengo entendido por boca de Jorge Vázquez Mellado que incluso el Sr. Diego Fernández de Cevallos hizo algunas gestiones de cobro aparentemente sin tener éxito”, declaró el denunciante.

En el año 2013, José Antonio Rico decide vender a los Gallos Blancos de Querétaro, a Amado Yañez, el propietario de la empresa Oceanografía, en 8 millones de dólares, los cuales se van directo a cuentas bancarias en el extranjero. Según Bustamante, con este movimiento, el dinero de miles de socios de Libertad Servicios Financieros, fue transferido directamente a las arcas de José Antonio Rico Rico y repartido con el propio Juan Collado, operación por demás ilegal, pues la compra del equipo de fútbol se realizó con fondos de Caja Libertad, por lo que el resultado de la venta le pertenecía a todos los inversores.

Como en toda novela hay tramas secundarias, que de pronto incluyen a los personajes de la historia principal, aquí vale la pena recordar qué es Oceanografía, que en sí misma, fue una empresa que en su tiempo dio lo necesario para su propio melodrama. De 1999 a 2013, esta empresa obtuvo al menos 160 licitaciones públicas nacionales e internacionales de Pemex, cuyos contratos superaron los 31 mil millones de pesos para proveer servicios de obra pública a la paraestatal y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción.

Amado Yañez Osuna, quien se encumbró como poderoso empresario durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, enfrenta hoy un proceso judicial en libertad pero con pulsera de localización. El 1 de diciembre de 2018 publicó en su cuenta de Twitter: “Qué día más feliz. Se acaba la pesadilla”, pues fue durante el mandato de Enrique Peña Nieto que comenzó la persecución contra él.

Los problemas comenzaron para la naviera Oceanografía cuando solicitó un préstamo a Banamex y puso como garantía supuestos pagos que esperaba de Pemex. El 31 de diciembre de 2013, el banco le otorgó un crédito por 585 millones de dólares. La compañía fue sancionada por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación del gobierno mexicano, luego que Pemex encontró enuna revisión interna irregularidades en contratos con la firma, según el Diario Oficial de la Federación del 11 de febrero de 2014. Banamex inició una detallada revisión del riesgo de Oceanografía cuando supo de la sanción y descubrió que dicha empresa parecía haber falsificado cuentas por cobrar. La Procuraduría General de la República intervino a la firma y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también investigó violaciones financieras.

En ese entonces, uno de los involucrados era Francisco Javier Rodríguez Borgio, de quien ya hemos hablado en esta historia, pues junto con su hermano Óscar, son accionistas de Grupo Gasolinero Mexicano, que opera las estaciones Cualli, además de poseer los casinos Big Bola y la ya referida participación en Caja Libertad o Libertad Servicios Financieros. Este grupo había sido acusado de vender gasolina robada, mejor conocida en estos tiempos como “huachicol”.

Asimismo, el propio Yañez ha denunciado al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin; al director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Héctor Orozco Fernández; a Alfonso Maza Urueta, designado como administrador de Oceanografía durante el tiempo en que la Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo asegurada la naviera, y al conciliador José Antonio de Anda Turatti, como personajes asiduos a la corrupción; incluso Lozoya Austin ya tiene su propia telenovela que va paralela a la presente historia.

En la trama Oceanografía, también resaltó la actuación de familiares de Martha Sahagún de Fox, como Manuel Bribiesca, su hermano Jorge Alberto, ambos hijos de la ex primera dama y su tío Guillermo Sahagún, quienes gestionaron contratos con Petróleos Mexicanos para favorecer a Oceanografía, argumentando que sus parientes conocían a los dueños de esa empresa.

En febrero de 2018, la naviera Oceanografía salió de la quiebra declarada en 2016 y, en un viraje inesperado, fue devuelta al socio mayoritario de la misma, Amado Yañez, pues según Felipe Consuelo Soto, personaje incidental en la trama y juez a cargo del concurso mercantil de la empresa: “El hecho de estar sujeto a un proceso no le priva de sus derechos civiles”.

Tercer acto: la venta de Libertad Servicios Financieros S.A de C.V.

A mediados de 2014, José Antonio Rico Rico le informa a Hugo Bustamante que piensa vender la administración de Libertad Servicios Financieros S.A de C.V, para la que tenía un comprador: Jorge Nacer Gobera, quien es dueño del diario El Economista, de la Universidad ICEL, entre otras empresas; sin embargo, por algunas diferencias, la negociación no se llevó a cabo y el comprador terminó siendo Javier Rodríguez Borgio, alias “el zar de los casinos”, alias “el zar de las gasolineras”. “Esta operación le convenía más a ambas partes, por un lado, a Rico le convenía dado que iba a recibir más dinero, 850 millones de pesos; por la otra a Rodríguez Borgio, también le convenía dado que se hacía del vehículo ideal para blanquear dinero, producto de sus negocios, razón por la cual deshizo la operación con Jorge Nacer, generando un conflicto personal”, indica Hugo Bustamante en su declaración, y añadió que para que éste no hiciera escándalos sobre Libertad Servicios Financieros, le fue pagada por su silencio la cantidad de 33 millones de pesos, los cuales serían descontados de las cuentas de Rico Rico.

El propio Bustamante también argumenta en su denuncia: “A mí, nunca me invito a participar en esa operación a pesar de ser la persona más cercana a él, la razón: siempre pensó que yo era el único más inteligente que él y que le podía tirar el negocio. Es importante mencionar que esta “Venta de la Administración” es una operación totalmente prohibida por la legislación financiera correspondiente, no obstante lo anterior, la misma fue validada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de su presidente, Jaime González Aguade, a través de una declaración en medios de comunicación donde refirió: que habían hecho una revisión y que no habían encontrado alguna irregularidad”; dicha venta, según Bustamante, era ilegal por dado que la empresa pertenecía a por lo menos dos millones de socios, dada la naturaleza de sus negociaciones.

“Es en este punto donde aparece la siniestra figura de Juan Collado Mocelo”, dice Bustamante, “y así aparece, a rescatar la fallida venta. Acuerdan con Rodríguez Borgio, desaparecerlo solo en el papel y acuerdan la incorporación de Juan Collado Mocelo, persona que representa los intereses de Enrique Peña Nieto; acordaron también para blindar su ilegal operación incorporar con una posición dentro del Consejo de Administración al Sr. Mauricio Kuri González, representando los intereses de Francisco Domínguez Servién, así como incorporar al Consejo de Administración a personas, algunas con reconocida solvencia moral y económica, todo con el propósito de hacer un mix de personas poder operar libremente”. Muchas de las transacciones y operaciones ilícitas, el denunciante da cuenta de haberlas atestiguado en el Club de Industriales de la Ciudad de Querétaro.

En el año de 2015, a partir de la incorporación de Juan Ramón Collado Mocelo a los órganos de gobierno de Libertad Servicios Financieros S.A de C.V., dice Hugo Bustamante, “es cuando empiezan realmente los negocios grandes, los negocios con esquemas muy sofisticados para operar cualquier tipo de operación financiera legal e ilegal. A través de varias empresas, muchas de ellas, propiedad de ellos mismos, pero con socios prestanombres, se operaba y se operan recursos oscuros, operaciones raras, son el común denominador de Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. S.F.P. al día de hoy, esto, además de negocios satélites propiedad de alguno de los personajes”.

¿Quiénes son esos “personajes” de los que habla Bustamante?, bueno, muchos de los que ya se han referido en la historia y quienes, dice el denunciante, son poseedores de cuentas en el extranjero a las que va a parar el dinero resultante de las operaciones ilícitas de todas las empresas ligadas a Libertad Servicios Financieros: Juan Ramón Collado Mocelo, Javier Rodriguez Borgio, José Antonio Rico Rico, Mauricio Kuri González, Enrique Peña Nieto y Martín Díaz Álvarez.

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A decir del propio Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien es un empresario queretano del ramo inmobiliario, “Libertad Servicios Financieros es una Institución financiera que, al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del país, realiza actividades ilícitas como blanqueo y/o lavado de dinero, negocios cuyos beneficiarios son los dueños o administradores, créditos amañados, sueldos desproporcionados y toda la gama de delitos financieros que se ocurran”.

Sin embargo, las dudas que nos quedan es que a pesar de haber sido defraudado en 2013 por su socio José Antonio Rico Rico, con la venta sin autorización de su parte accionaria de Operadora de Inmuebles del Centro S.A de C.V, y por añadidura la Zona Comercial Centro Sur, Sergio Hugo Bustamante siguió siendo “socio”, como él mismo lo refiere, del propio Rico, por lo que pudo obtener toda la información que sirve como denuncia en sus comparecencias ante la Fiscalía, dado que permaneció en el equipo de Libertad Servicios Financieros, pues hace referencia a que en 2002, fue parte de la comitiva involucrada en la adquisición de los Gallos Blancos de Querétaro.

“Somos una organización que ofrece servicios financieros personales competitivos y accesibles para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros clientes”, dice la institución.

De cualquier forma, es importante resaltar qué es Servicios Libertad Financieros, pues desde 2008 cuentan con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la constitución y operación bajo la figura de Sociedad Financiera Popular (Sofipo). Según la Comisión nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), una Sofipo es una entidad en sector de las microfinanzas, es decir, aquellas que ofrecen servicios de ahorro, crédito e inversión popular en zonas geográficas rurales y periferias urbanas.

Luego de analizar los primeros tres actos de esta puesta en escena, que promete varios más e innumerables secuelas, se puede entender que todo el dinero de quienes invertían en esta institución también conocida como Caja Libertad, estaba sujeto a lavado de dinero, inversiones de dudosa legalidad e incluso sujeto a fraudes para con los acreedores y socios, que por su carácter de Sofipo, eran personas de recursos, digamos, moderados.

Cuando uno entra a la página web de esta empresa, se topa de inmediato con la imagen de un perico vestido como Rey, rodeado de hartas joyas doradas y acompañado de un anuncio que a la letra dice: “Te cambiamos el oro por dinero. Trae tus alhajas de oro o relojes y obtén un crédito prendario de inmediato: por cada $1000 sólo pagas $2 de interés al día”. Dentro de su menú ofrecen créditos, ahorro e inversión, depósito, apoyo con créditos a empleados de cualquier empresa, que van desde 3 mil a 500 mil pesos, entre otros servicios.

Juan Collado Mocelo, quien a consecuencia de esta historia y ya capturado por la justicia, decidió dejar la presidencia del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, es abogado de personajes como Carlos Romero Deschamps, Enrique Peña Nieto, Carlos y Raúl Salinas de Gortari, y cercano a personalidades como Diego Fernández de Cevallos; el ahora más famoso litigante es el primer detenido de esta trama y podría incluso arrastrar a su esposa Yadhira Carrillo, quien es recordada por sus actuaciones en otros melodramas como “Barrera de Amor, “Amarte es mi pecado”, “Rubí”, y quien además, luego de enlazarse con el abogado, dejó su carrera de actriz para iniciar una vida como empresaria en 2011 al inaugurar la lujosa tienda de ropa para bebé: “Momentos by Yadhira Carrillo”.

La trama seguirá sin duda para ampliarla a varios actos, capítulos o como el lector prefiera codificar los, ya que la FGR tiene 6 meses, hasta enero de 2020 para ampliar su investigación en contra de estos delincuentes de cuello blanco; sin embargo, es inevitable hacer la referencia a otra novela que se desarrolla en la actualidad: la de Emilio Lozoya Austin y la planta de fertilizantes de Altos Hornos de México… Pero esa, es otra historia, o no, quién sabe, tal vez en algún momento lleguen a encontrarse; los spin-offs están de moda en la política mexicana.

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