Manifestarse es un derecho en toda sociedad, y no hay duda de ello. Protestar por una situación que a algunos les parece incorrecta, sea cual fuere ésta, es un acto que tendría que considerarse normal; pero una cosa es manifestarse, y otra cosa romper la ley o los reglamentos, allí es donde se cruza la línea. Aquí la cuestión se pone interesante: si alguien decide manifestarse y en esas acciones provoca daños o viola reglamentos, entonces tendría que asumir de manera consciente las consecuencias.
Y esto es lo que generó la discusión y los “palazos” en redes sociales, ya que la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso de Tabasco aprobó el pasado viernes un dictamen que busca imponer penas de hasta 20 años de prisión a personas que efectúen bloqueos, impidan la realización de obras públicas o cierren el paso a zonas petroleras. Este lunes, el Congreso lo aprobó ya en el Pleno, con 24 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones.
¿Y de qué va esta “Ley Garrote”? Se trata de las reformas al Código Penal de Tabasco propuestas por Adán Augusto López, gobernador de la entidad, para endurecer las penas por impedir la ejecución de obras públicas, o realizar bloqueos de calles.
El dictamen señala que el delito contra la libertad de tránsito existirá cuando “cualquier persona que carezca de facultad legal, impida total o parcialmente libre tránsito de personas”.
Por incurrir en este delito, se impondrá una pena de uno a cinco años en prisión. La sentencia se incrementará el doble cuando el responsable se haga acompañar de menores de edad. Si alguien incurre en el delito de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, se le podrá aplicar una pena que puede ir de seis hasta los 13 años en la cárcel.
Sobre el delito de interrupción o dificultad del servicio público de comunicación, se sancionará con la privación de la libertad de seis meses a cuatro años. La persona que dificulte el servicio público local de comunicación, obstaculice las vías, retenga unidades o les impida el paso de algún modo, podría estar encarcelado de uno a 8 años. También, se consideran multas de 168 mil 980 pesos a quienes cometan estos delitos.
Ante la aprobación de la Ley en las comisiones, en redes sociales a través de la etiqueta #LeyGarrote, que lleva más de 16 mil tuits hasta el momento y es tendencia en nuestro país, diversos ciudadanos han protestado por considerar la ley represora e incongruente con los gobiernos de izquierda, como es el de Tabasco.
El secretario de Gobierno del estado, Marco Rosendo Medina, precisó que: “Lo que se está combatiendo es la extorsión y no se están prohibiendo las manifestaciones que están consideradas en la Constitución de México”.
Asimismo, dijo que la iniciativa de reforma al Código Penal de Tabasco que propone la inclusión y sanciones de un nuevo tipo penal: “Impedimento de ejecución de trabajos u obras” no atenta contra la libre manifestación, sino contra la extorsión de sindicatos fantasma a empresas.
También hay que mencionar que durante este fin de semana la etiqueta #AlfaroRepresor, en alusión al gobernador de Jalisco, se convirtió en la primera tendencia en México, luego de la detención de 5 jóvenes al manifestarse por el descontento al alza de 7 a 9.50 pesos en el pasaje en Jalisco, lo que representa un aumento del 35 por ciento.
Por su parte, en redes sociales de internet, el gobernador Enrique Alfaro emitió un mensaje en el que garantizó que la decisión, del aumentó en el costo por pasaje es parte de su compromiso para mejorar el servicio. Ante los señalamientos de represión por parte de su Gobierno a jóvenes, comentó que su administración no tolera el vandalismo y la violencia como expresión política.
Por su parte, durante su conferencia de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la ley no tiene un afán represor como se dice en redes sociales.
