El Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México negó la suspensión definitiva contra la detención de Carlos Romero Deschamps, luego de que no se tuvieron informes que dieran incidcios sobre alguna autoridad judicial que haya solicitado alguna orden de captura o comparecencia contra el líder sindical. Es decir, no sé puede suspender algo que no existe.
Luego entonces, el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, se encuentra vulnerable y podría ser detenido en caso de que en los próximos días las autoridades presentaran una orden de aprehensión en su contra.
La semana pasada, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que Romero Deschamps había conseguido la suspensión definitiva en contra de diversas denuncias interpuestas a su persona, debido a que los jueces no rindieron sus informes justificados y ello no dio certeza de alguna orden de captura en su contra por lo que el juzgado Décimo se vio obligado a ejecutar la medida.
Sin embargo, el CJF indicó que “si el quejoso no comparece ante el juez que hubiese librado la orden de aprehensión dentro del plazo de tres días, la suspensión concedida dejará de tener efectos”, por lo que, al no suceder dicha acción, el líder sindical perdió toda protección legal.
Pese a que por ahora no existen órdenes de aprehensión en su contra, Carlos Romero Deschamps es uno de los personajes más oscuros de la política mexicana en cuanto a enriquecimiento sospechoso se refiere. Algo de lo más criticado en su actuar como líder sindical de Pemex es el abuso a la “Cláusula 251”, que le ha permitido desviar de la petrolera 7 millones 865 mil pesos mensuales, para gastos de la cúpula sindical.
Asimismo, en 2003, Romero Deschamps fue acusado y llevado a proceso penal por supuestamente haber desviando mil 500 millones de pesos del sindicato a la campaña presidencial de Francisco Labastida, en la campaña presidencial del año 2000, en un caso conocido como el “Pemexgate”; sin embargo, años después un juez dio por expirado el delito porque la Procuraduría General de la República nunca aportó pruebas contra el dirigente.
Fue el Instituto Federal Electoral el que sí concluyó que al menos había existido un desvío de 500 millones de pesos; sancionó entonces al Partido Revolucionario Institucional con una multa de mil millones de pesos, pero Deschamps, entonces diputado, gozaba de fuero, por lo que no sufrió consecuencia alguna.
