La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, contrató durante su gestión 6.7 millones de encuestas a una universidad. Por el levantamiento de estas pagó 77.8 millones de pesos, pero sólo recibió el 15.6% de lo contratado, es decir 1 millón 48 mil 575 encuestas, de acuerdo con información de Reforma.
Además del expediente iniciado en su contra por los desvíos de la Estafa Maestra, la ex titular de la Sedesol también es investigada por este pago irregular, cuyo incumplimiento fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la nota, firmada por el periodista Abel Barajas, por este caso también son investigados el ex oficial mayor y operador de Robles, Emilio Zebadúa (vinculado a su vez en el caso de la Estafa Maestra) y el ex director general de Programación y Presupuesto, Francisco Javier Báez Álvarez, por la autorización del pago.
También se investiga la implicación de Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de Delegaciones, el encargado de darle seguimiento a los trabajos, y José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, quien proporcionó las bases de datos.
“Este caso es distinto al que derivó en el citatorio girado a Robles para que comparezca el 8 de agosto a una audiencia donde será imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público. El esquema presuntamente ilegal es muy similar a los otros casos ya judicializados en la llamada Estafa Maestra”, precisa la nota.
Detallan que la investigación surgió a partir del convenio de coordinación suscrito el 1 de septiembre de 2014 por la Sedesol, a cargo de Rosario Robles, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por 77 millones 847 mil pesos para levantar encuestas de los beneficiarios de los programas sociales.
Al revisar el convenio, la ASF descubrió que de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que debían ser entrevistados, sólo se levantaron 1 millón 48 mil 575 encuestas, el 15.6 por ciento del total.
“Otra irregularidad anotada por la ASF es que el 28 de noviembre de 2014 la Universidad subcontrató estos servicios con la empresa Grupo Industrial y Servicios Yafed por 73 millones 160 mil pesos, un monto muy superior de lo que la ley permite subcontratar”, reporta Reforma.
