La Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentaron este jueves 27 pruebas contra la ex titular de la Sedesol y la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, que comprobarían omisiones durante su gestión que provocaron un desvío de 5,073 millones de pesos.
Las evidencias de la FGR y la ASF fueron 27 convenios que realizaron las dos secretarías durante su gestión con la Universidad de Morelos; con la Universidad Politécnica de Hidalgo; con la Televisora de Hermosillo; con la Universidad Politécnica de Quintana Roo; con la Universidad de Chiapas; con Radio y Televisión de Hidalgo y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
De acuerdo con la investigación de ambas dependencias, Robles habría tenido conocimiento verbal y escrito de los convenios irregulares y no se lo informó al expresidente Enrique Peña Nieto, lo cual era su obligación.
Asimismo, la agente del Ministerio Público (MP) federal, Teresa Maldonado, dijo que las acusaciones contra la exfuncionaria son “por el posible ejercicio indebido del servicio público, porque supo por el cargo que ella tenía, de estos actos y no informó al Presidente (Enrique Peña Nieto), y no actuó en contra a pesar de que ambas cosas están estipuladas en los reglamentos de Sedesol y Sedatu”.
“Usted, señora María del Rosario, estando en la Sedesol y Sedatu, de 2012 a 2015 y de 2015 a 2018, respectivamente, sabía que resultarían afectadas terceras personas y usted era Secretaria de Estado (…) En junio de 2014, usted tuvo conocimiento de los actos, por parte de Juan Manuel Portal, entonces auditor superior de la federación”, expuso la agente, quien pidió el auto de vinculación a proceso por los hechos conocidos como la Estafa Maestra; por las irregularidades de las que tuvo conocimiento de manera interna y por la ASF, así como por hechos cometidos por servidores públicos de sus secretarías.
Por su parte, la defensa de Rosario Robles solicitó al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna un recurso de revocación, argumentando que la ASF no tiene calidad de víctima en el caso porque “sólo se limita a regular bienes jurídicos y el patrimonio es derecho del pueblo”.
Sin embargo, la FGR y el representante de la ASF refutaron y sostuvieron que, pese a tratarse de un órgano técnico, este tenía como objetivo “la fiscalización de las cuentas públicas del erario federal y es el órgano encargado de salvaguardar la Hacienda Pública Federal”, y agregaron que dentro de sus atribuciones está la faculta de coadyuvancia con el MP, por lo que su participación era aplicable en este caso concreto.
Finalmente, el juez concluyó que la Auditoría “sí tiene facultades para defender a la hacienda pública y ser parte de la investigación y el proceso” y se le debe reconocer el carácter de ofendido.
En un segundo intento por detener la audiencia, la defensa cuestionó si la Fiscalía tenía más pruebas contra su defendida ya que hasta el día de hoy se siguieron presentando. Ésta respondió que no.
Tras este intercambio, el juez decretó un receso de dos horas. La audiencia inicial de Rosario Robles se reanudó a las cinco de la tarde.