La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para revisar el juicio incidental por la suspensión de la megagranja porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) en el municipio de Homún, localizado en la reserva geohidrológica del anillo de cenotes de Yucatán.
Tras una votación, cuatro de los cinco ministros del máximo órgano judicial determinaron lo anterior al considerar que el caso tiene implicaciones importantes en el medio ambiente, las comunidades mayas de Homún y la reserva del anillo de cenotes, según señalaron activistas de Equipo Indignación y Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes).
La organizaciones explicaron que la megagranja, con una capacidad de 49 mil cerdos, pone en riesgo el agua de la región, la salud de la infancia y los derechos del pueblo maya, el cual no fue consultado por la empresa PAPO.
Además, recordaron que varios permisos para la construcción y operación se obtuvieron de manera irregular, en tanto la Manifestación de Impacto Ambiental para lograr su aprobación fue firmada por una dentista.
Mencionaron que el caso fue iniciado por un grupo de niños de Homún en septiembre de 2018 a través de una demanda en la que solicitaron la suspensión de la megagranja; y que la Jueza Cuarto de Distrito, Miriam de Jesús Cámara Patrón, la concedió para evitar daños irreparables al medio ambiente y la población,
“Hay que recordar que se requirieron diversas actuaciones del juzgado para hacer cumplir esa disposición y que los representantes de la mega granja porcícola incluso intentaron recusar a la jueza, pero el Tribunal Colegiado que conoció el recurso declaró infundada dicha recusación”, indicaron.
Ante esto, la empresa PAPO presentó un recurso para revisar la suspensión, pero los niños de Homún, acompañados de sus representantes legales, solicitaron que la SCJN ejerciera su facultad de atracción, de acuerdo con las declaraciones.
“Uno de los ministros de la Suprema Corte hizo suya la petición y puso a consideración del pleno la posibilidad de atraer este caso por la importancia que reviste en sí mismo un juicio en el que se pone en riesgo el medio ambiente en un pueblo maya y en una zona de tan extrema vulnerabilidad, como lo es el anillo de los cenotes”, informaron.
Agregaron que la intervención de la SCJN “es una oportunidad para desarrollar estándares y parámetros en torno a las medidas cautelares y otorgamiento de suspensiones en materia del derecho a un medio ambiente sano, y que representa un interés especial la medida de suspensión, ya que no sólo pretende mantener viva la materia del juicio, sino evitar daños al medio ambiente que podrían ser irreparables, así como preservar la vida, la salud y otros derechos de los quejosos”.
