Tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron una carta al gobierno de México en donde advierten sobre los riesgos de la llamada “Ley Garrote”, recientemente aprobada en el Congreso del Estado Tabasco.
De acuerdo con los relatores, esta Ley, que contempló reformas al Código Penal de Tabasco para aumentar las condenas carcelarias de quienes comentan “delitos contra la libertad de tránsito, de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”, podría penalizar la legítima libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica.
La misiva, difundida este martes por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, está firmada por los relatores especiales sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye; sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule, y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst.
En el documento, los representantes de la ONU advierten que la Ley no tuvo un periodo de discusión pertinente, lo cual no permitió realizar consultas a la sociedad civil y a expertos nacionales e internacionales.
Asimismo, expresan “gran preocupación” ante una reforma que penaliza “conductas que podrían ser una expresión legítima del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, a la libertad de expresión y del derecho a defender los derechos humanos”. Además, resaltan que se deben evitar todas las “penas desproporcionadas”, pues la restriccio?n debe ser “el instrumento menos perturbador para obtener el fin legi?timo”.
“La gravedad de las consecuencias de una restriccio?n a la libertad de expresio?n y a la libertad de reunio?n paci?fica exige un examen exhaustivo y completo. Dichas consultas, proporcionan una fuente de informacio?n importante que permite a las autoridades tomar en cuenta los efectos que la legislacio?n podri?a tener en el disfrute de los derechos humanos”, menciona la carta.
Resaltan que el ejercicio de la acción penal es “el instrumento punitivo más fuerte para regular la protesta social de una manera tan general”, mientras que aprobar sentencias de hasta 20 años es “excesivo”, pues se trata de una restricción “tan general” que no es suficientemente precisa para permitir un análisis individual de los casos.
“Entendemos que, el objetivo principal de la reforma legislativa en el Estado de Tabasco es reducir la corrupcio?n y la criminalidad relativa a proyectos que ayudari?an a aumentar la calidad de vida de sus habitantes, a trave?s de la inversio?n privada, por ejemplo. En este sentido, reconocemos la importancia de sancionar la extorsio?n relativa al impedimento de ejecuciones de trabajos u obras, lo cual contribuiri?a a garantizar y proteger el orden pu?blico”, señalaron.
En ese sentido, solicitaron al gobierno de México informar si existen medidas preventivas para asegurar que todas las regulaciones y legislaciones federales o estatales se den bajo los estándares de los derechos humanos internacionales, así como reconsiderar si el uso del derecho penal es un medio adecuado para lograr el objetivo que se busca.
“Consideramos que otros mecanismos deben ser explorados para equilibrar la interferencia con el derecho a la libertad de expresio?n y a la libertad de reunio?n paci?fica. Asimismo, al invocar el objetivo legi?timo de orden pu?blico, asi? como el de proteccio?n de la seguridad nacional para restringir el derecho a la libertad de reunio?n paci?fica, se debe probar la naturaleza concreta de la amenaza, asi? como sus riesgos”, indicaron.
Finalmente, los relatores expresaron preocupación por los alcances que esta Ley podría tener contra los defensores de los derechos humanos en México, como en el caso de activistas que, ejerciendo su derecho a reunirse pacíficamente, sean sancionados con penas de prisión.
“Recordamos la importancia de fomentar y promover espacios adecuados para que los defensores de derechos humanos puedan ejercer libremente su labor, y sin temor a ser reprimidos”, reza la carta.