El abogado y activista Jaime García Chávez, miembro de la organización Unión Ciudadana, anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) le otorgó un amparo a su organización para acceder a la resolución sobre por qué la Procuraduría General de la República (PGR), del sexenio de Enrique Peña Nieto, “desactivó” una denuncia que interpusieron en 2014 contra el ex priísta César Duarte, por pretender adueñarse del Banco Unión Progreso.
“Si vemos otros modelos de corrupción, ninguno pretendió crear una banca de institución financiera múltiple que es lo que iba a tener Duarte como accionista prioritario del Banco Progreso de Chihuahua, lo cual se le toleró por el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y por el Presidente Peña Nieto. La denuncia toca fibras muy sensibles y delicadas. Videgaray es pieza clave. La fundación de un banco pasaba por una decisión del Secretario de Hacienda”, explicó el abogado.
La denuncia de Unión Ciudadana fue interpuesta hace cinco años. En el documento, presentando ante la entonces PGR, acusaron al ex gobernador de Chihuahua de peculado, abuso de poder, tráfico de influencias y violaciones de leyes bancarias; como pruebas, se presentó el Fideicomiso por 65 millones que Duarte suscribió para pretender quedarse con el Banco Unión Progreso de Chihuahua.
Según el litigante, Duarte, quien tenían intenciones de ser presidente del PRI nacional, quiso tomar el control del banco para “lavar de manera casi perfecta el robo que se le hizo a Chihuahua, y convertirlo en una palanca para proyectos de poder”.
“Al que le autorizaron la creación del Banco fue a Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de César Duarte (actual testigo protegido del Gobierno de Chihuahua). Tenía la dualidad de representante del Banco y de Secretario de Hacienda estatal”, añadió.
Apenas un día después de que El Universal reveló una foto del ex gobernador en un restaurante de Nuevo México, el integrante de Unión Ciudadana apuntó que Duarte, aunque acumula quince órdenes de aprehensión, pretende alegar que es “un perseguido político frente a la solicitud de extradición” y así esquivar a la justicia mexicana.
Asimismo, señaló que tienen una relación estrecha con Susana Martínez, gobernadora de Nuevo México hasta enero de este año.
Por su parte, el Fiscal de Chihuahua, César Peniche Espejel, y el Consejero Jurídico estatal, Jorge Espinoza Cortés, dijeron que la solicitud de extradición contra Duarte está en proceso y se realiza en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER).
“Se han presentado todos los elementos a las autoridades norteamericanas, se hicieron una serie de observaciones de carácter técnico, se compartieron con el estado de Chihuahua en lo que hace a las indagatorias de carácter local –porque les recuerdo que hay un paquete de indagatorias locales importantes que son el origen de la solicitud–, y se ha avanzado todo lo posible de común acuerdo con las autoridades correspondientes”, dijo el titular de la SER, Marcelo Ebrard, en agosto pasado.