Luego de que el pasado 5 de septiembre murieran ocho personas, presuntamente en un enfrentamiento con la Policía Estatal de Tamaulipas, autoridades locales y organizaciones en pro de los Derechos Humanos, han abierto investigaciones para determinar si se trató de ejecuciones extrajudiciales.
Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, entidad gobernada por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha sido una de las organizaciones que mayor investigación ha realizado en la sospecha de la ejecución extrajudicial.
También este 11 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos radicó la queja y mandó a una comisión para investigar el caso e integrar el expediente por las presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, informó en un comunicado haber emitido medidas cautelares a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Gobierno del estado, para preservar la integridad física de las personas que han dado testimonio a medios de comunicación y que no haya represalias en su contra.
En tanto, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, informó que inició una carpeta de investigación, derivada de la denuncia del propio Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
De acuerdo con testimonios recabados por la organización protectora de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, este hecho “se trató de una ejecución arbitraria o extrajudicial al estilo del caso Tlatlaya”.
La información oficial fue que agentes estatales se enfrentaron con presuntos delincuentes en un domicilio de la Avenida 7, en Nuevo Laredo, donde habrían asegurado una camioneta modificada con blindaje artesanal, así como 15 armas largas y una corta, todo el pasado 5 de septiembre.
Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo asegura que en el domicilio solamente vivía Severiano Treviño, un exempleado de una empresa distribuidora de refrescos, junto con su hija y su nieta de dos años.
Kassandra, la hija de Severiano, asesinado en el operativo, dijo a la organización que al domicilio llegó una veintena de agentes, la mayoría uniformados, y que sin identificarse ni mostrar una orden de cateo, ingresaron argumentando que habían recibido una llamada anónima reportando que ahí ocultaban armas de fuego, se informó en diversos medios de comunicación a partir de la investigación realizada por la entidad protectora de DDHH.
Según el testimonio de la joven, cuando los policías llegaron, su padre vestía short y sandalias, y que los agentes lo obligaron a ponerse un uniforme tipo militar, botas y casco negro.
El Comité documentó que a otra de las víctimas, Luis Fernando Hernández, lo sacaron de su domicilio en la colonia Buenavista, mediante un operativo en el que participaron agentes de diferentes corporaciones estatales y federales, mientras que los otros tres hombres y tres mujeres fueron sacados de unos departamentos en la colonia Valles de Anáhuac, se reprodujo también en medios de comunicación.
Según las investigaciones del Comité, en los lugares citados en el informe oficial, no habría indicios de enfrentamientos.
Además, se denunció que la camioneta incautada en el operativo en realidad fue “sembrada” ahí por las propias autoridades, quienes supuestamente la habrían trasladado al sitio con una grúa, y que en el operativo estuvo involucrado personal del Ejército, y que las armas que supuestamente portaban las víctimas fueron “sembradas”.
A través de una misiva dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, y el representante de la ONU-DH México, Jan Jarab, exigió la investigación de los hechos y que se ordenen medidas de protección para las víctimas, sus familiares, testigos y el personal del Comité, por posibles represalias.
