El subsecretario de la Secretaría de Gobernación para los Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas calificó de ‘sabadazo’ la orden que giró el Juez Samuel Ventura Ramos, quien dispuso la liberación -un día antes de las Fiestas Patrias- de 24 presuntos involucrados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Encinas calificó este hecho como un ejemplo de la “miseria y la podredumbre” en la que se encuentra el sistema de justicia del país, por las libertades absolutorias que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales de Tamaulipas otorgó a los presuntos perpetradores de este caso.
“Yo quisiera que el juez nos dijera porque no ha actuado, no hay una sola responsabilidad en contra de quienes torturaron o quienes sembraron pruebas, y a quienes hicieron todas esas omisiones, no hay ni una sola responsabilidad”, expresó.
En conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, también indicó que presentarán recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios del sexenio pasado por omisiones en “la mal llamada verdad histórica, para salir del paso”.
Por lo anterior, Jesús Murillo Karam, el entonces titular de la extinta PGR, Tomás Zerón, ex director de la agencia de Investigación Criminal; José Aarón Pérez Castro, ex titular de la Unidad Especial para el caso de Ayotzinapa, de nueva cuenta tendrán que comparecer por la supuesta fabricación de pruebas en el caso de la tortura y desaparición de los estudiantes de la normal rural de Iguala.
El funcionario de Estado explicó que de las 107 pruebas que ya se habían presentado, solamente subsisten 44, de 63 desechadas.
Y de acuerdo con el análisis que realizó la unidad a su cargo, encontraron que 13 casos pendientes, que en tres podrían acreditarse dilación; en 20 más detenciones ilegales por falta de flagrancia, y una detención ilegal por haber sido ordenada de forma irregular, 12 casos de tortura y tratos crueles inhumanos. “Aunque en algunos casos no se aplicó el Protocolo de Estambul”, dijo.
De las pruebas restantes, según el criterio del juez fueron insuficientes para acreditar la responsabilidad de los actos perpetrados por integrantes de los grupos delictivos Guerreros Unidos, el grupo conocido por Los Bélicos y diversos servidores públicos, particularmente por policías municipales, como es el caso de Iguala, de Cocula y de Huitzuco, que son algunos de los que señaló Encinas que obtuvieron libertad absolutoria.
“Algunas de estas personas fueron señalados por estar presuntamente involucrados con actos de delincuencia organizada y secuestro. Ahora piden indemnización de 1 millón de pesos al Ayuntamiento de Iguala.
El subsecretario de Estado, refirió que no hay especulación en lo que expuso a la prensa, aseguró que no conoce al Juez, del cual se refirió que vive en el anonimato; y que por órdenes del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, se instruyó a que se diera a conocer toda esta información.
“Es lo que estamos haciendo en este momento, y dar a conocer lo que tenemos al alcance, se continuará investigando a fondo para esclarecer este caso”, concluyó.
