Tras la inhabilitación por diez años que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), su equipo de abogados aseguró que la medida no tiene fundamentos legales y se trata de una persecución política.
De acuerdo con la SFP, Rosario Robles omitió en su declaración patrimonial una cuenta bancaria con 2 mil 800 pesos. Sin embargo su aún equipo legal, encabezado por Julio Hernández Barros, aseguró que dicha cuenta nunca fue utilizada por la exfuncionaria.
“Sin mayor fundamento administrativo y mucho menos legal, la dependencia federal resolvió inhabilitar por 10 años a nuestra defendida por la presunta omisión de declarar la existencia de una cuenta bancaria con 2 mil 887.86 pesos en su declaración patrimonial”, reza un comunicado de su equipo legal.
Agregan que la cuenta mencionada fue cerrada por inactividad y los fondos se transfirieron a una cuenta de Santander abierta en el año 2016.
Asimismo, apuntan que la medida carece de fundamentos legales y administrativos, mientras que contrasta con las omisiones que han hecho funcionarios que actualmente están en el servicio público y no se han sancionado.
“En el Gobierno Federal la justicia se pretende aplicar por consigna, con displicencia y parcialidad”, critican.
Por otra parte, dijeron estar seguros de que no se trata de una medida ordenada directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Estamos convencidos de que el Ejecutivo Federal sería incapaz de solicitar que se cometa en su nombre una tropelía tan injusta y absurda como la resolución de la SFP en este caso […] no contribuye en nada a acabar con la corrupción y la impunidad”, expone el texto.
