Las diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impulsarán una reforma al Código Penal Federal para que se despenalice el aborto en todo el territorio nacional.
Durante el foro “Progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, realizado en la Cámara de Diputados, las legisladoras de Morena presentaron la “Ley General de Salud” con la que buscan legalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
En el marco del evento, aseguraron que no podrán descansar hasta que las mujeres tengan la libertad de decidir sobre sus cuerpos.
“Para eso llegamos al Congreso, para que los derechos de las mujeres estén garantizados y defendidos, y alcanzar la igualdad sustantiva en la que trabajamos. Un paso a la vez, de manera constante y a pasos apresurados al mismo tiempo”, dijo la diputada Wendy Briseño.
“Mientras más mujeres sigan coartadas en sus derechos por ejercer la libertad en sus cuerpos con plena autonomía, no podemos descansar”, subrayó.
Asimismo, Briseño señaló la necesidad de ir hacia adelante en cuanto a los derechos de las mujeres y citó la Encuesta Nacional de la Dinámica en las Relaciones en los Hogares (ENDIRE), la cual informa que, entre 2013 y 2018, 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años aseguró haber tenido al menos un aborto, sin especificar las condiciones.
El proyecto de las legisladoras morenistas, que se presentará esta semana ante el Pleno, plantea reformas a los artículos 312, 313, 315 y las fracciones 2, 3 y 4, así como adicionar la fracción 5 al artículo 316 del Código Penal.
Por su parte, la diputada Rocío Villarauz Martínez precisó que en la Ciudad de México, de los 214 mil 165 casos registrados de interrupción del embarazo,149 mil 74 correspondieron a mujeres originarias de la ciudad, mientras que 65 mil 91 fueron mujeres provenientes de otros estados.
“Deja en claro la necesidad de garantizar el acceso a servicios de salud que garanticen una interrupción del embarazo legal y segura”, dijo la diputada con relación a los datos.
Las reformas también incluyen que cada centro de salud tenga entre su personal a una persona, disponible en cada turno, capacitada para practicar la interrupción del embarazo y no sea un “objetor de conciencia”.
En tanto, quien haga abortar a una mujer sin su consentimiento recibirá una pena de entre 3 y 5 años, y de 6 a 8 años si hubo violencia física o moral; en el caso de médicos, además de las sanciones se les suspenderá de sus funciones de 2 a 5 cinco años.
Las mujeres que voluntariamente se practiquen un aborto luego de las 12 semanas recibirán de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad. Lo mismo en el caso de las personas que hagan abortar a una mujer luego de las doce semanas de embarazo.
