En el marco de las investigaciones que realiza en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y aunque su periodo en el cargo debía finalizar hasta 2030, el hasta hace unos momentos ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, renunció a su cargo en el máximo órgano judicial del país.
La renuncia de Medina Mora, nombrado en 2015 a propuesta del ex presidente Enrique Peña Nieto, dejará una vacante en los 11 ministros.
De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución, las renuncias de los ministros proceden de causas graves y una vez formalizadas deben presentarse ante el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, quien, de aceptarla, deberá proponer una nueva terna y enviarla al Senado de la República.
A lo largo de su carrera, Medina Mora se desempeñó como director General del CISEN, secretario de Seguridad Pública Federal, procurador General de la República, embajador ante el Reino Unido y ante los Estados Unidos.
En junio pasado, la UIF anunció que, a petición del Senado de la República, iniciaría una investigación contra el entonces ministro y ex procurador durante el gobierno del panista Felipe Calderón.
Esto, luego de que la National Crime Agency del gobierno del Reino Unido detectó transferencias por dos millones 383 mil 526 de libras esterlinas en los últimos dos años realizadas al exembajador de México en Reino Unido.
Bajo ese mismo esquema, el exministro también habría recibido 2 millones 130 mil dólares en otra cuenta de HSBC USA, que se encuentra bajo investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Entonces, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, publicó en Twitter: “La #UIF recibió una solicitud proveniente del Senado para analizar la información de transferencias financieras de un ministro. Se actuará conforme a Derecho. Mi reconocimiento perenne al Poder Judicial de la Federación, los hechos de una persona no trascienden a la institución. En caso de que existan indicios de una actividad ilícita, una vez analizada la información de sede nacional e internacional, se procederá en consecuencia. La política del Gobierno de México es cero tolerancia a la corrupción”.