Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, informó que un juez de Distrito dejó en libertad a tres personas vinculadas a la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa.
A través de su cuenta de Twitter publicó esta mañana que “otra vez el juez de Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, otorgó ayer autos de libertad a tres personas más vinculadas en el caso Ayozinapa. De las 142 personas detenidas solo quedan 64 bajo proceso.”
Durante su participación en el Foro Fiscalías de Derechos Humanos, Encinas explicó que se había acreditado como responsables importantes en la desaparición de los estudiantes a las tres personas puestas en libertad.
Con este caso ya son 30 los liberados, Encinas reclama y lamenta que a pesar de los esfuerzos realizados con la Fiscalía General de la República por fortalecer las pruebas presentadas el proceso judicial se “sigue desmantelando” lo que “nos lleva al peor de los escenarios” pues no se castiga a quienes posiblemente cometieron actos de tortura y omisiones graves durante las primeras investigaciones.
“Se hizo un planteamiento ante el Consejo de la Judicatura para que haya un trabajo diligente y se resuelva esta situación, no es posible que se siga desmantelando todo esto. Está mal hecho, mal fundada, hubo omisiones, negligencia, tortura, prácticas ilegales pero no implica exonerar de delitos que evidentemente cometieron la mayoría de las personas que obtuvieron su libertad”, expresó.
Además de este último caso, el mismo juez ya liberó a otras 53 personas por falta de pruebas, tan solo el 4 de septiembre Encinas informó sobre 21 policías municipales de Iguala y Cocula acusados de secuestro que se encontraban en el penal de Tepic que salieron gracias a Ventura Ramos.
Encinas mencionó molesto que no tiene los elementos para acreditar un acto de corrupción, sin embargo, dijo que el Consejo de la Judicatura tendría que realizar una investigación al juez y a los funcionarios implicados en las liberaciones.