Juan Martín Pérez García, el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), advirtió que el incremento de la violencia delincuencial en el estado de Guanajuato ha derivado en que los niños, quienes antes eran las víctimas de los enfrentamientos, sean reclutados por los cárteles y otros grupos delictivos.
A la par del incremento de los secuestros, el crimen organizado y el robo de hidrocarburos, el representante del organismo señaló que también está creciendo el reclutamiento de menores de edad para participar en las actividades delictivas. Indicó que se trata de un patrón que no ha querido ser reconocido.
De acuerdo con información de Zona Franca y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, 164 víctimas no mayores de 18 años han sido asesinadas en un año y medio. “Prácticamente, el promedio establece que cada tres días un infante es ultimado. De los 46 municipios, Irapuato es el primer lugar, en la relación que cubre el 2018 y el primer semestre de 2019”, apuntan.
“Los niños no quedan ajenos de esta guerra contra el narco como una estrategia fallida que ha tenido grandes impactos. En el caso de Guanajuato es muy particular, porque es ahora donde se da la batalla y guerra. Esto nos habla que el gobierno federal no está acompañado de una manera apropiada al gobierno estatal, no solamente el Gobierno estatal está superado”, expresó el activista internacional.
Asimismo, planteó la necesidad de estrategias coordinadas entre el gobierno del estado y el gobierno federal para frenar la violencia que afecta a los menores y que también deriva en su reclutamiento, mayormente forzoso, en los grupos delincuenciales ubicados en los municipios de la entidad.
“Se ve en estos municipios de Guanajuato, la desaparición de mujeres y niños como reclutamiento de jóvenes (…) La guerra necesita soldados, y como los grupos armados no tienen la misma capacidad de reclutamiento, ahora lo hacen de manera forzada”, destacó.
En ese sentido, acusó que el papel del fiscal del estado, Carlos Zamarripa, ha sido limitado, pues no ha logrado identificar las variables que afectan a los menores de 18 años.
“Este señor Zamarripa se ha vuelto un funcionario más mediático, pero no estratégico. Agregado a que la Fiscalía no tiene la capacidad técnica, ni política (…) En resumen, nadie está frenando con una estrategia indicada estos hechos criminales, sino que se da en las esferas del poder el uso político de la violencia”, señaló.
