El secretario de Hacienda, Arturo Herrera se reunió con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes sugirieron un cambio es en la redacción de la un artículo de la ley contra de la emisión de facturas falsas, que la equipararía al grado de delincuencia organizada, a quien incurra en esta práctica.
Esta iniciativa será aprobada por la Cámara de Diputados la siguiente semana, por lo que el CCE que encabeza Carlos Salazar Lomelín, sugiere que quede bien claro en la Ley a quién va dirigida.
En conferencia de prensa, los empresarios plantearon alternativas de redacción y ajustes para presentarlos al Congreso, en los siguientes puntos:
-No están de acuerdo con el régimen de excepción a cualquier contribuyente que esté acusado de defraudación fiscal o su equiparada, máxime cuando el proceso penal lo enfrentará en prisión (aun cuando no hubiera sido declarado culpable) y se le podrán asegurar sus bienes o el control de su empresa (delincuencia organizada).
-Consideran que sería factible alcanzar el objetivo que busca el Gobierno Federal de atacar a los grupos delincuenciales que se dedican a comercializar facturas, si se restringe la aplicación de este régimen a los delitos de venta de facturas (113 Bis del CFF) y a los de defraudación fiscal y su equiparada únicamente cuando se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simulada.
Por lo anterior, hicieron un llamado los empresarios para ajustar la reforma y evitar con ello generar incertidumbre a la inversión productiva.
Por su parte el secretario de Hacienda, reconoce que en el fondo están de acuerdo, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, sabe que el sector empresarial, solicita que quede claro en la ley quien sí y quién no cae en los supuestos, añadió que la Procuraduría Fiscal lo tiene contemplado.
“La ley contra las empresas fantasma aún en discusión entre los legisladores, y tiene como objetivo único atacar un tipo de defraudación fiscal muy específico: las empresas o entes que cuentan con una RFC, pero que no tienen ninguna actividad económica. No compran ni venden nada, pues su fin exclusivo es defraudar al fisco y no contra las empresas que sí venden, compran y tienen actividad económico, como las panaderías que sí venden conchas”, expresó Herrera.
