Los diputados de Morena y sus aliados, aprobaron la minuta para reformar la Ley de Seguridad Nacional, y el Código Nacional de Procedimientos Penales para que las empresas más conocidas como “factureras”, estén asociadas a delitos de delincuencia organizada, y quienes incurran en dicha práctica, sean sujetos de prisión preventiva oficiosa.
El dictamen aprobado reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; La Ley de Seguridad Nacional; y la Ley del código Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, el cual se aprobó con 276 votos a favor, 144 en contra y 16 abstenciones.
También contempla que la compra-venta de facturas falsas serán considerados como delitos de delincuencia organizada cuando el monto de lo defraudado o valor de los comprobantes fiscales sea superior a los 7 millones 804 mil 230 pesos.
Al considerarse sujeto que amerite prisión preventiva oficiosa a aquel que incurra en esta práctica, generó criticas y confrontación entre los diputados, ya que dicha Ley implica que en el proceso de investigación al contribuyente se le podrían decomisar sus bienes, y se sancionarán con dos a nueve años de prisión en caso de considerarse amenaza a la seguridad nacional.
Durante la discusión pidieron en las reservas que se elimine la actividad empresarial de la Ley de Delincuencia Organizada y de la Ley de Seguridad Nacional, pero estas fueron rechazadas.
Lo anterior fue planteado por la diputada María Cabrera del PES, partido aliado de Morena, para que no se equipare la defraudación fiscal como delito de delincuencia organizada y asunto de seguridad nacional, porque no es un delito que ponga en riesgo la soberanía del país.
“No es lo mismo secuestrar o traficar con personas que defraudar al fisco, van a ante un notario, pagan sus derechos van al SAT con prestanombres y si, se les hace contribuyentes, ¿acaso un secuestrador o a un capo del narco ir al SAT?”, expresó la legisladora en tribuna.
Por su parte, Soraya Pérez Munguía diputada del PRI, retomó la falta de investigación de la autoridad ministerial, ya que sí se tienen identificados a 8 mil millones de pesos en facturas falsas y 9 mil empresas que las emitieron, no se explica porqué no se actúa en consecuencia, ya que en el Código Fiscal vigente, hay sanciones para ello, y que esta Ley puede afectar a las medianas y pequeñas empresas.
Insistió, a que se atiendan las causas del fenómeno de la facturación falsa, y no minar el ambiente de Estado de Derecho y de presunción de inocencia, especialmente de quienes proporcionan más del 90 ciento de los empleos de este país.
“Porque los empleos no los produce el gobierno, ni los programas sociales, ni los beneficiarios. Los empleos que se generan son gracias a las empresas pequeñas, medianas o grandes de este país”, expresó.
Por Morena, el diputado Marco Antonio Medina subrayó que las disposiciones contenidas en la minuta dictaminada de ninguna manera representarán una contrariedad para los millones de contribuyentes que cumplen cabalmente con sus obligaciones.
“El contribuyente común que cometa algún error al tratar de cumplir con sus obligaciones fiscales está muy lejos de las conductas que se trata de combatir y castigar con las reformas propuestas”, aseguró.
El diputado federal hizo mención que las medidas antes señaladas habrán de proteger a los contribuyentes cumplidos que en la cotidianeidad tienen que competir en desventaja con varios supuestos negocios que, con facturas falsas y otras formas de defraudación, no dejan crecer a los auténticos empresarios.
