El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezará este jueves 17 de octubre el banderazo de salida de las construcciones del aeropuerto General Felipe Ángeles, ubicado en la base aérea militar de Santa Lucía, en una primera victoria ante una batalla legal que ha durado varios meses.
Aunque los amparos han sido superados, el Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua (FPODA) de Tecámac y Zumpango presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el gobierno mexicano por violar el derecho a la consulta de los pueblos originarios; sin embargo, por ser un órgano internacional ante el que se presenta dicha acción, cualquiera resolución no sería vinculante.
Desde que anunció el proyecto en campaña presidencial, el mandatario señaló que el Aeropuerto Felipe Ángeles se construiría en sustitución del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), una obra de la administración del priista Enrique Peña Nieto cuyo costo, dijo, “hubiera sido mayor” y “era un monumento a la corrupción plagado de irregularidades”; además, citó estudios que vaticinaban su hundimiento dado que se asentó sobre el lago de Texcoco sin ninguna clase de estudio.
El pasado 29 de abril, con el NAIM cancelado tras una consulta ciudadana, AMLO presidió el arranque de las actividades relacionadas con los estudios y los trabajos preliminares de Santa Lucía. Acompañado de los representantes del gabinete de seguridad nacional, el mandatario explicó que el proyecto constaría de 100 mil millones de pesos (200 mil millones menos que el NAIM) y estaría listo para el 2021, tres años menos que lo estimado para el anterior, mientras que la construcción estaría a cargo de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena para ahorrar gatos.
Sin embargo una avalancha de amparos interpuestos por el colectivo #NoMasDerroches frenó la construcción de la obra. Hasta el momento, en tribunales, la autodenominada organización civil ha interpuesto un total de 147 y habían obtenido siete suspensiones definitivas que finalmente fueron revocadas. Su abogado, Gerardo Carrasco Chávez, argumentó desde el inicio que el gobierno “no cumple con lo requisitos para construir el aeropuerto” y se quería aprobar “con estudios que, de existir, no se han querido dar a conocer a la sociedad mexicana”
El grupo conformado por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Causa en Común y la Confederación Patronal de la República Mexicana, denunció, entre otras cosas, la ausencia de estudios de impacto ambiental, de impacto social, consultas en materia indígena, así como que en el área prevalecían restos arqueológicos de las culturas prehispánicas. Esto último fue confirmado por el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pero el coordinador de Arqueología de la dependencia, Pedro Francisco Sánchez Nava, aclaró que esto no era una razón para detener la construcción.
De los 150 amparos interpuestos, #NoMásDerroches obtuvo siete suspensiones definitivas. Ante esto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) promovió recursos de revocación contra las suspensiones luego de que se decretó como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, bienes y equipos de la Sedena. La dependencia, encabezada por Luis Crescencio Sandoval, apuntó que los amparos “ponen en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”. Y añadieron: “ también pone en riesgo la protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República al impedir la aplicación del Plan DN-III-E”.
Entonces se revirtieron los papeles. El 8 de octubre Juan Carlos Guzmán, juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, declaró fundado un incidente de revocación de suspensión definitiva, promovido por la Sedena con el argumento de que el aeropuerto es un tema de seguridad nacional, y revocó la primera de las siete suspensiones.
El 11 de octubre un juez federal revocó otros cuatro amparos que habían frenado la construcción, de acuerdo con información que difundió el abogado de #NoMásDerrcohes. El colectivo denunció supuestas inconsistencias en los magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito encargado de resolver la suspensiones judiciales .Acusaron también la presión del “gobierno federal para levantar a la brevedad todas las órdenes de suspensión concedidas”.
Ese mismo viernes el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó negar la sexta suspensión definitiva contra diversos actos reclamados por los quejosos, como violaciones a derechos humanos y afectaciones de impacto ambiental.
Antes de revocar la última suspensión de #NoMásDerroches, el 12 de octubre de nueva cuenta el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán Rosas, negó otras dos suspensiones definitivas a quejosos inconformes con la construcción del aeropuerto. Se trató de amparos interpuestos por el ciudadano Armando Huicochea Toledo, quien argumentó que la cancelación de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México viola los artículos primero, quinto, sexto y decimocuarto de la Constitución, que velan por los derechos humanos; y otro del ciudadano Luis Fernando Alvarado Morgado, en el juicio de amparo 1294/2019, quien expuso como acto reclamado la omisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar la evaluación de impacto ambiental del proyecto de Santa Lucía. Sin embargo, en ambos casos el juez Guzmán Rosas negó a los quejosos las suspensiones definitivas contra la obra.
Finalmente la mañana de este miércoles el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México revocó la última suspensión definitiva en contra del inicio de obras en Santa Lucía. La resolución reza que el recurso de revisión 429/2019 fue avalado por unanimidad por dos Magistrados y el secretario en funciones de magistrado responsables del análisis del tema. De esta forma perdió validez la sentencia interlocutoria emitida por el Juez Quinto de Distrito.
Los pendientes ahora se centran en trámites administrativos. El gobierno federal aún debe cumplir con requisitos legales como estudios sociales, ambientales y realizar una consulta a pueblos indígenas antes de iniciar las obras. Además, #NoMásDerroches solicitó que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A través de un comunicado, los inconformes señalaron que todavía existen varias restricciones legales que se deben saldar antes de iniciar las obras. Entre otras, mencionaron que las sociedades mercantiles con título de concesión pueden construir aeropuertos con operaciones civiles, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no puede llevar a cabo la obra, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Aeropuertos; que aún está pendiente hacer un análisis costo-beneficio en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”; un Plan Maestro; estudios de aeronavegabilidad y orografía; condiciones de impacto ambiental; estudios de prospección arqueológica e impacto social, así como la consulta indígena a las comunidades y pueblos originarios de la zona.
El pasado 7 de octubre AMLO dijo: “En cuanto digan que no proceden los amparos (judiciales que pesan sobre la obra) nos vamos al siguiente día a dar el banderazo de inicio de obras”. Mañana será el día.
