Ricardo Buscaglia, Fernando Montiel y Ricardo Raphael son algunos de los analistas que respaldaron la decisión del gobierno federal de frenar las acciones para capturar a Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, detenido en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el jueves pasado, ante la respuesta violenta del grupo delictivo.
Buscaglia, uno de los más férreos opositores a la actual administración, declaró en entrevista para Aristegui Noticias que apoya la liberación de Ovidio Guzmán ante la diferencia de poder de fuego, y para evitar una masacre.
El catedrático apuntó que el Cártel de Sinaloa es “una fuerza paramilitar, un segundo estado dentro del estado”, y que “si las personas que realizaban el operativo se encontraron con esa diferencia en el poder de fuego cualquier militar del planeta te diría que no vale la pena masacrar a todos los efectivos”.
Sin embargo, señaló que la planeación del operativo tuvo las mismas fallas que en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ya que no se han aplicado los mecanismos de desmantelamiento patrimonial de esta red delincuencial que opera en 81 países del mundo y se necesita una estrategia de envergadura, “por lo que la Fiscalía General de la República aún no está reaccionado a la altura de sus circunstancias”.
En una columna publicada en revista Gatopardo, el profesor y analista, Fernando Montiel, escribió que el empoderamiento del Cártel de Sinaloa no es producto de esta administración sino del periodo de Felipe Calderón, pues en su sexenio el Cártel generó vínculos estrechos con el gobierno federal.
“(…) llegaron a ser tan estrechas que Genaro García Luna (entonces Secretario de Seguridad Pública federal) en realidad se encargaba de combatir a los enemigos del cártel utilizando para ello las fuerzas del Estado. La dinámica se mantuvo al menos hasta la ruptura que tuvo el grupo de Joaquín Guzmán Loera con el grupo de los hermanos Beltrán por la aprehensión de Alfredo Beltrán (alias “El mochomo”)”, señaló.
Montiel recuerda que estas situaciones se han suscitado varias veces a lo largo de los sexenios. Para ejemplificar, retoma el caso de San Fernando, Tamaulipas, donde los Zetas mataron a más 300 hombres, mujeres y niños. “Entonces, lo ocurrido en Culiacán no es un evento aislado, ni algo que no haya ocurrido antes”, aclaró.
“De ahí que cambió la prioridad del sistema de justicia penal poniendo, en primer lugar, la protección de las víctimas, y después, el castigo de los responsables. ¿Por qué? Porque solía ocurrir que se detenía a un infractor y la víctima quedaba olvidada para el estado (y a lo que con frecuencia se sumaba el agravio de que el infractor detenido, en realidad no era tal, sino que era tan sólo un chivo expiatorio)”, añadió.
Por su parte, el periodista Ricardo Raphael coincidió en que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán fue la mejor porque se salvaron muchas vidas, aunque hubieron fallas en la cadena de mando que “por su puesto no ameritan la renuncia del secretario Alfonso Durazo”.
“Entre capturar a un delincuente y proteger a los civiles, no hay duda que hay que proteger a los civiles”, señaló. “Someter a la población de Culiacán a mayores riesgos hubiera sido inaceptable”.
