Ante los diputados federales, la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, aseguró que la política de bienestar del gobierno federal no es asistencialista, toda vez que tiene un enfoque de inclusión productiva, es integral y cuenta con la participación coordinada de diversas secretarías.

“La política de bienestar del gobierno federal no es asistencialista, dado que tiene un enfoque de inclusión productiva; no es fragmentada, sino integral y con la participación coordinada de diversas secretarías de Estados, y no considera la entrega de los apoyos como un gasto, sino como una inversión”, expresó.

Este martes, la titular de esta dependencia federal subrayó que se ha atendido a los grupos más desfavorecidos y marginados durante décadas: indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores y campesinos, durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno.

Informó que el Gobierno de México invirtió 300 mil millones de pesos en programas sociales para atender a más de 20 millones de personas. Entre algunos de los más destacados están el de pensiones para el bienestar de adultos mayores, en el cual se entregan 2 mil 550 pesos bimestrales, y en el que se ha ejercido un presupuesto de 110 mil mdp, para beneficiar a 8 millones 38 mil 228 personas, de las cuales 56% son mujeres y 44% hombres.

En el de pensiones para personas con discapacidad, que considera la entrega de 2 mil 550 pesos bimestrales, ejercieron 6 mil mdp, para la atención de 790 mil 479 beneficiarios, de los cuales 46% son mujeres y 53% hombres; para el programa Sembrando Vida, que apoya a 229 mil campesinos, quienes reciben 5 mil pesos mensuales por trabajar su tierra.

La secretaria detalló que la ruta de la política de bienestar es la igualdad, ya que la desigualdad frena el crecimiento y el desarrollo, y lograr que se cumplan los derechos sociales de las personas más desfavorecidas“Enfrentamos un país con más de 50 millones de pobres y casi 10 millones de personas en pobreza extrema, en un país donde solo 27.4 millones se consideran no pobres (uno de cada cinco)”, dijo.

Albores González destacó que los apoyos de los diversos programas sociales se entregan de manera directa, con lo cual se reducen costos de operación y la posibilidad de corrupción y que para avanzar hacia la inclusión financiera, para que toda persona tenga la posibilidad de recibir los apoyos a través de medios electrónicos y cuentas bancarias.

“Esto ha sido una marcha cuesta arriba puesto que los gobiernos anteriores casi acabaron con la banca de desarrollo y la mayoría de los municipios en el país no cuentan con sucursales bancarias ni cajeros”, añadió.

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