Al ser cuestionado sobre la legalización de la mariguana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró estar más atento a la ley de ingresos y al presupuesto que se destinará a este tema.

La próxima semana el Senado de la República someterá a revisión y votación el dictamen de decreto para la regularización de la mariguana, de ser avalado se procedería a la creación del Instituto Mexicano de la Cannabis. Este nuevo organismo tendría como fecha límite para quedar constituido el 1 de enero de 2021 por lo que la Cámara de Diputados tendría que etiquetar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de 2020.

El Instituto Mexicano de la Cannabis se encargaría de gestionar el cultivo, cosecha, almacenamiento, empaquetado, etiquetado, distribución, comercialización, exportación, importación y aprovechamiento.

La propuesta fue hecha por las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos y aunque podría ser modificada, establece que a los cinco años de entrar en vigor, el 20 por ciento de las licencias de cultivo deben ser otorgadas de manera preferente a campesinos afectados durante el periodo de prohibición. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sería la encargada de crear la lista de ejidos, municipios y alcaldías que serían beneficiados.

El mandatario reiteró que su opinión sobre la materia está reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo, el cuál dice que “la estrategia prohibicionista es insostenible, no solo por la violencia que ha generado sino por los resultados en materia de salud pública: en la mayoría de los países en lo que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción de consumo” y “criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y rehabilitación.”

Asimismo, propone que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones con la prohibición de sustancias y mejor realice un seguimiento clínico para prescribir la dosis necesaria para mantener bajo control a quien ya padezca adicciones. Como segunda etapa propone utilizar los recursos destinados a combatir las sustancias en programas masivos y personalizados de reinserción y desintoxicación.

Dicha estrategia contempla que debe negociarse junto con Estados Unidos, el mayor consumidor de las drogas mexicanas y con la Organización de las Naciones Unidas.

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