Solo un 11% del monto total por sanciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), han pagado las empresas en siete años. De 2012 hasta agosto de 2019, la Profepa ha sancionado a alrededor de 5 mil empresas por mil 740 millones de pesos.
De acuerdo con El Universal, de las 16 mil 923 infracciones impuestas por la institución encargada de que se cumplan las leyes ambientales en el país, solamente se han saldado 3 mil 728.
La Profepa sostiene que de las multas inferiores a 250 mil pesos, sólo se ha pagado 22.7%, mientras que de las que van de un millón de pesos en adelante la cifra es de 9.9%.
La mayor cantidad de sanciones es por mal manejo de residuos peligrosos (10 mil 444), seguidas por contaminación ambiental (2 mil 408), por fallos en los documentos de impacto ambiental (751) y por derrames de sustancias tóxicas (330), de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia.
Representantes de la Profepa, consultados por el diario de circulación nacional aseguran que esto se debe a que las firmas recurren a estrategias legales para retrasar al máximo el pago de las penalizaciones.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió de este problema hace más de dos años y solicitó a la Profepa evaluar y dar solución a las causas por las que cien tos de millones de pesos no fueron recaudados, pero la situación se mantiene sin cambio.
El análisis señala que la mayor cantidad de multas, alrededor de 10 mil, son por malos manejos en los residuos peligrosos; seguidas por las 2 mil 408 relativas a contaminación ambiental; 751 por fallos en los documentos de impacto ambiental, y 330 debidas a derrames de esos residuos peligrosos. En casi 3 mil no hay registro de las causas de la sanción.
En tanto, el 95% de las 16 mil 923 multas impuestas fueron menores de 250 mil pesos, de las que se pagaron 3 mil 600. Cuanto más sube el monto, menor es el pago. De las 144 que van de un millón de pesos en adelante, sólo se han pagado 12. Nueve de ellas por empresas de Grupo México, abonadas después del desastre ambiental del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014.
Especialistas en Derecho Ambiental afirman que las multas en México son muy bajas y esto ocasiona que se anule su función principal, que es servir como advertencia y ejemplo de las consecuencias a otros posibles infractores. “A las empresas les sale más caro cumplir la ley que violarla”, explicó Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
