El Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares entregó a la Cámara de Diputados su segundo paquete de informes individuales correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2018, que sería la última del sexenio de Enrique Peña Nieto.
En este informe, que abarca hasta octubre del año pasado, se halló la mayor inconsistencia en el gasto neto total del año pasado, donde el ejecutivo federal ejerció 5.6 billones de pesos, de los cuáles más de 3.6 billones de pesos presuponen un uso discrecional y con tendencia errática, de acuerdo con el documento.
“Los informes de auditorías presentados dieron lugar a: 988 pliegos de observaciones, 1,957 recomendaciones, 42 solicitudes de aclaración, 81 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, y 933 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria”, comentó colmenares ante los diputados federales.
El auditor señaló que en proyectos como el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco, se llevaron a cabo 19 auditorías, de las cuales se hicieron observaciones por un monto de mil 599 millones de pesos de los mil 822 mdp ejercidos durante el ejercicio fiscal 2018, es decir el 87.7 por ciento.
Aclaró también que se trata aún de un proceso de notificación para el efecto de que los entes auditados realicen las aclaraciones correspondientes y posteriormente se de seguimiento.
“Por lo que corresponde a las denuncias penales de la cuenta pública 2018, éstas serán presentadas, en términos de la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación, en el momento en que se cuente con todos los elementos para tal efecto”, señaló Colmenares.
Con relación al Tren Interurbano México-Toluca, la autorización y pago de conceptos no previstos relacionados se hicieron observaciones que suma 273.2 millones de pesos por comprobar, derivado de estas acciones, en caso de no atenderse las indicaciones, se harían las respectivas denuncias ante las autoridades judiciales.
“Se han fortalecido las acciones de coordinación con la fiscalía general de la república y con la fiscalía anticorrupción, llevando a cabo un puntual seguimiento y coadyuvando en los asuntos que nos atañen como responsables”, precisó.
Respecto al balance de estados y municipios, expuso el problema de que existe en el gasto federalizado, que representa en promedio de un 77 por ciento de sus ingresos totales.
Por ello, en coordinación con otras instancias, se incluyó en Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) existe un transitorio para celebrar un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal que les permita tener más recursos por esta vía.
“Con las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como con la SHCP incluida la coordinación con entidades federativas. En estas, pugnamos para que las entidades federativas adheridas al sistema nacional de coordinación fiscal reciban el 100 por ciento de la recaudación neta del citado impuesto, fortaleciendo con ello sus finanzas públicas”, señaló.
Para los municipios se estima en alrededor del 67.2 por ciento de sus ingresos totales provienen de participaciones, aunque la mayoría de ellos, dado su rezago, dependen hasta en 90 por ciento de lo que les otorga la federación.
“Así, dichos ingresos quedan excluidos de la recaudación federal participable, debiendo participar al menos el 20% de los mismos a municipios o demarcaciones territoriales. adicionalmente, esa modificación permitirá tener un control más eficiente sobre la administración del isr en esta modalidad. ese es un buen punto con algunos estados por razones políticas dejaron de cobrar el impuesto a la tenencia, dejaron de recaudar recursos muchos recursos por razones político-electorales fundamentalmente”, explicó.
