Con 356 votos a favor, 84 en contra y cero abstenciones, los diputados aprobaron la Reforma Constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato, la cual se turnó a los congresos estatales.
De acuerdo con el dictamen, ante una eventual remoción del presidente Andrés Manuel López Obrador se aprobó un artículo transitorio que permitiría celebrar la consulta revocatoria en marzo de 2022, para que no coincida con las elecciones federales intermedias, como venía en la propuesta original del Ejecutivo.
Esta consulta sería convocada por el Instituto Nacional Electoral a petición de la ciudadanía en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a, por lo menos, 17 entidades federativas, que representen como mínimo tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.
De acuerdo con este proyecto de Ley, dicho proceso se solicitará en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de su mandato.
El INE recibirá la solicitud y dentro de los siguientes 30 días revisará los requisitos estipulados; emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso de revocación de mandato. Para que sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá la facultad de impugnar y podrá realizar el cómputo final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. Y si fuere el caso emitirá la declaratoria de revocación.
Otro punto a resaltar, es que el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y programas relacionados con los procesos de revocación de mandato quedarán prohibidos; también, durante el proceso se suspenderá la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
Consulta Popular.
La consulta popular que se usará para someter temas de trascendencia nacional y regional a votación. En el caso de ser solicitada por el Presidente de la República o por el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados o el Senado de la República, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión, como ya lo prevé la Constitución.
El INE se encargará de promover la participación de la ciudadanía en las consultas populares y será la única instancia a cargo de su difusión; ésta deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de los ciudadanos; tendrá que promover la discusión informada y de reflexión.
Quedó establecido que no se someterá a consulta popular la permanencia o continuidad en sus cargos de servidores públicos de elección popular; asimismo, el sistema financiero, ingresos, gastos, el Presupuesto de Egresos de la Federación ni obras de infraestructura en ejecución.
