Pablo Iglesias de Unidas Podemos y Pedro Sánchez, presidente electo de España y representante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), presentaron su programa de gobierno de coalición, el cuál, según ellos, promete vanguardia y progreso; aunque criticado por la derecha, la investidura se ve más próxima luego del anuncio a sus políticas sociales.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención, es el golpe a la clase alta española, al subir el IRPF a las rentas altas (dos puntos para rentas de más de 130 mil euros y cuatro puntos por encima de 300 mil euros), y un tipo mínimo del 15 por ciento en el impuesto de Sociedades, que asciende al 18 por ciento para la banca y las empresas energéticas. Eso afectaría a menos del 1 por ciento de los contribuyentes y empresas, aseguró el diario El País.
Siendo la política laboral uno de los ejes principales en la campaña de Podemos, algunos puntos del nuevo gobierno de coalición español trascendieron, como recortar la capacidad del empresario para cambiar unilateralmente condiciones laborales y salariales, así como revisar las causas del despido y de la contratación temporal. También contemplan una subida del salario mínimo interprofesional, que se debería sumar al incremento del 22 por ciento de este año, aunque sin establecer una fecha.
En otro contexto, Podemos introduce el objetivo de que en el 2050, el 100 por ciento de la electricidad sea renovable, para llevar a cabo la transición energética. El meollo de los cambios gira en torno a la “reforma del sistema eléctrico”, con la que se busca ir prescindiendo de los combustibles fósiles y lograr unos “precios asequibles” de la electricidad para los hogares y las empresas, asegura La Vanguardia.
Para lograr este objetivo, se propusieron “normas legales” para que la reducción del costo de las energías renovables “se traslade” al precio final que paga el usuario, algo que ahora apenas detecta. En esta línea, se promete “modificar” el recibo de la luz, aunque no se concreta ni “plan” ni “ley”, lo que generará problemáticas con las compañías eléctricas, que prefieren los elevados costes fijos del sistema.
La ley educativa que ahora se plantea en el documento conjunto para el nuevo Gobierno llegó a aprobarse por el Consejo de Ministros en febrero, pero decayó al llegar al Congreso de los Diputados dado que se produjo el adelanto electoral que puso fin a la XIII Legislatura. La universalización de la educación de 0 a 3 años que incorpora el texto presentado este lunes ya se pactó en los Presupuestos de 2018, pero no el fin de las ayudas públicas a los colegios que segreguen por sexos, como se establece en el texto acordado ahora.