A principios de agosto de este año una joven de 17 años denunció haber sido violada por cuatro policías en la alcaldía Azcapotzalco durante la madrugada cuando volvía de una fiesta.
A los pocos días, el 8 de agosto, otra menor de 16 años que realizaba su servicio social en el Museo Archivo de la Fotografía reportó haber sido violada en los baños del lugar por el policía bancario encargado de la seguridad.
La joven pidió ayuda y el elemento policiaco fue detenido, posteriormente la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que vincularon a proceso al acusado.
En el caso anterior, las autoridades señalaron que la versión de la chica correspondía con los videos que recolectaron para la investigación, dicho material fue filtrado a la prensa, lo que provocó un linchamiento mediático contra la joven pues de acuerdo con los cortes presentados en distintos medios de comunicación, efectivamente las versiones no coincidían.
En ambos casos la información como el nombre de las mujeres y el número de la carpeta de investigación llegaron a los medios. La opinión pública se dividió y colectivos feministas llamaron a la primer manifestación para protestar contra la violencia de género en la ciudad.
Integrantes de estos colectivos señalaron que las filtraciones ponían en riesgo a las víctimas y que al tratarse de menores de edad no se defendió el interés superior de la niñez, el cual dicta que entre otras cosas se debe considerar la opinión de las niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión que les afecte.
Fue así como en menos de una semana se realizaron dos manifestaciones separatistas convocadas por mujeres para exigir justicia, protocolos de atención a víctimas, mejor seguridad y un alto a los feminicidios. En varios estados de la república se replicaron las protestas.
En la capital la del 16 de agosto dejó como saldo varias estaciones del Metrobús con los vidrios rotos y monumentos pintados con aerosol con distintas consignas. Uno de ellos fue el Ángel de la Independencia y a raíz de que la opinión pública volvió a dividirse entre quienes piensan que pintar las calles y los monumentos “no es la forma de protestar” y quienes piensan que “la historia no avanza pidiendo permiso”.
De esta polémica nació la colectiva feminista “Restauradoras con glitter”, que también debe su nombre al momento inmortalizado en fotos y videos en que le aventaron diamantina rosa en la cabeza al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, quien poco después fue reemplazado.
Restauradoras con Glitter está conformado por más de 600 mujeres casi todas mexicanas dedicadas a la conservación y restauración de bienes inmuebles, como son los monumentos. Una comisión entregó una carta a las autoridades capitalinas para pedirles que no removieran las pintas del Ángel hasta que se atendiera el problema de la violencia machista en el país.
Desde entonces trabajan en conjunto con otros grupos en la creación de redes y políticas públicas en pro de la seguridad de las mujeres.
Todo agosto y varias semanas después tanto las habitantes de la ciudad como las autoridades vivieron en estado de crisis. En esas fechas otra menor de edad estudiante de una preparatoria de la UNAM fue encontrada inconsciente y semidesnuda en uno de los jardines de la escuela: un hombre la drogó y luego de posiblemente abusar de ella, la dejó tirada en el jardín.
Luego, una mujer que acudió a denunciar a uno de los Ministerios Públicos fue violada por uno de los policías del recinto.
A pesar de las distintas posiciones respecto al tema, las protestas feministas consiguieron varias cosas: las autoridades instalaron mesas de diálogo con distintas agrupaciones, se capacitaron a elementos policiacos para atender a mujeres cuando denuncian, se decidió que serían elementos femeninos quienes acompañen las marchas y el 20 de noviembre se decretó por primera vez la Alerta de Género en la Ciudad de México.
Además la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, envió una propuesta de Ley al Congreso para crear un Registro Público de Agresores Sexuales. Otra victoria es la aprobación de la Ley Olimpia el 3 de diciembre, la cual establece las multas y años de cárcel a quienes cometan el delito de compartir, publicar o crear material de carácter sexual sin el consentimiento de la persona o bajo amenazas.
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, las feministas volvieron a salir para manifestarse. Hubo una marcha del Ángel al Zócalo y una velada por las que no están del Monumento a la Madre y hasta el antimonumento a los feminicidios ubicado sobre Avenida Juárez casi esquina con Eje Central. Cerca del Caballito de Reforma ambas protestas se encontraron y las feministas radicales se abrazaron con las madres, hermanas y familiares de víctimas de feminicidio.
Una vez más las notas informativas se centraron en las pintas y emitieron calificativos como “vandalismo” y continuaron con la narrativa de que esas no son las formas para protestar.
Esto último tuvo como consecuencia que miles de mujeres asistieran a la Alameda y posteriormente al Zócalo para replicar el performance “Un violador en tu camino”, creado por el colectivo de chilenas Las Tesis. Durante varios días esta intervención fue modificada y presentada en plazas públicas de México, España, Francia, India, Estados Unidos, Colombia, Alemania y Reino Unido, entre otros.
