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Luisa María Alcalde desmiente rumores sobre Manuel Limón al frente del STPRM

Tras la polémica que provocó la supuesta toma de nota de Manuel Limón como el sustituto de Carlos Romero Deschamps en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), la titular de la Secretaría del Trabajo, María Luisa Alcalde, desmintió la versiones periodísticas que aseguraron lo anterior y señaló que el sindicato deberá organizar elecciones libres para elegir a su nuevo secretario general, tal como estipula la nueva Reforma Laboral.

“El próximo secretario general del Sindicato Petrolero deberá de ser electo de manera democrática, a través del voto personal, libre, directo y secreto. La STPS en coordinación con Segob verificará que la convocatoria se emita este mismo año y la elección se realice conforme a la nueva ley”, aclaró la funcionaria y subrayó que el cargo de secretario general sigue vacante.

En ese sentido, informó que hasta el momento han realizado tres solicitudes de reconocimiento como Secretario General del STPRM; una presentada por Rubén Choreño, otra de Mario Rubicel Ross y otra de Enrique del Ángel Bauza. Sin embargo, no cumplieron con los requisitos legales y sus solicitudes se declararon improcedentes.

“Debe precisarse que no existe sentencia de amparo que obligue a la STPS a reconocer como Secretario General a alguno de los solicitantes”, comentó.

Sobre la información difundida por los medios en torno a Manuel Limón, Alcalde aclaró que él ocupa el cargo de Secretario del Interior, Actas y Acuerdos, con las facultades que le confieren los estatutos.

Además, dijo que el Sindicato se encuentra regularizando su situación legal para, posteriormente, convocar a elecciones.

Por otra parte, la funcionaria comentó que en sexenios pasados el 80% de los contratos colectivos en el país fueron realizados a espaldas de los trabajadores, entre líderes sindicales y los patrones.

Para esto, explicó, la nueva Reforma Laboral incluye puntos fundamentales, de los cuales mencionó tres: la impartición de justicia, que contempla la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de los Tribunales Laborales; la democracia sindical y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

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