Seis estados del país rechazaron la entrada en vigor del del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al argumentar faltas de operación.
Quienes no han signado el convenio por lo que seguirán aplicando el Seguro Popular, son los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; de Guanajuato, Diego Sinhue; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de Baja California, Carlos Mendoza Davis, todos de Acción Nacional, y de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano.
Y es que, no firmaron un convenio de adhesión que, consideran, les quita responsabilidad para atender la salud de sus habitantes.
El decreto que da vida al organismo establece que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador transferirá dinero para la atención y medicamentos gratuitos a las entidades a través de acuerdos de colaboración, pero las que prefieran no hacerse cargo de los servicios podrán acordar con el instituto que organice, opere y supervise la prestación de servicios.
“En el caso de los estados que acuerden con el Insabi que éste se haga cargo de organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios, los recursos que les correspondan serán ejercidos por el organismo en términos de los acuerdos de coordinación”, precisa el documento.
Por ejemplo, Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, sentenció que que nunca iba a firmar, ni de broma, “aunque me torcieran la otra mano buena que me queda, porque está peor, es entregarles el sistema de salud”, afirmó
Por su parte, Juan Ferrer, titular del Insabi comentó a El Universal: “La ley marca hasta el mes de abril para los acuerdos. En esta etapa están las reuniones con los secretarios de Salud de todos los estados para informarles sobre el nuevo esquema. Ya cada estado voluntariamente dirá si se suma, es de esa forma, porque así lo prevé la normatividad”.
Sin embargo, aunque no estén obligados a adherirse a los acuerdos, el decreto indica que los estados tienen un plazo de 180 días para armonizar sus leyes y disposiciones vigentes en materia de salud” contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto”.
Ante ello, los gobernadores solicitarán al Mandatario federal que respete a las entidades que cuentan con buenos sistemas de Salud y han dado resultados en beneficio de la sociedad.