La Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Carlos Romero Aranda, informó que presentarán “querellas” que acrediten la defraudación y la delincuencia organizada en la subcontratación ilegal, delitos que pueden pagarse hasta con 20 años de cárcel.
Carlos Romero Aranda señaló que la dependencia recibirá los datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para iniciar con los procesos de investigación.
Destacó que el objetivo es erradicar el outsourcing ilegal, para lo cual es necesario que los contribuyentes que contratan estos servicios y las empresas que trabajan con este modelo conozcan las sanciones en caso de incurrir en el delito.
“La reforma va encaminada a castigar y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal”, comentó Romero Aranda y explicó que el delito se constituye por tres o más personas que de manera permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas.
Puntualizó que las empresas de outsourcing ilegal tienen como fin la creación de empresas que no cubran por ley las cuotas obrero patronales y omiten las relaciones tributarias y laborales.
“Quienes adquieran estos servicios también podrían ser juzgados como parte de la red de delincuencia organizada”, dijo.