A mediados de 2017, el Legislativo mexicano aprobó el uso medicinal y científico de la marihuana, aunque desde entonces, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha llevado a cabo desde entonces una regulación que facilite la comercialización e importación de productos derivados de la planta, y la discusión aún se mantiene en el Senado de la República.
Sin embargo, en el Poder Legislativo, ya existe una iniciativa para la legalización de la planta. La propuesta, que aún está siendo discutida, incluye, entre otras cosas, regular el autoconsumo, el uso científico, de investigación y comercial de la mariguana, además de la creación de cooperativas de producción y del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis.
En octubre del 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima instancia judicial de México, dictaminó que la prohibición del uso recreativo de la cannabis era inconstitucional.
En 2019, el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, propuso que sea el Estado el administrador del nuevo mercado para evitar el monopolio.
“No necesariamente (se creará una empresa estatal)”, opinó Monreal, también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado. “Hay algunas (propuestas) que establecen una especie de monopolio del Estado para la siembra, cultivo y venta. Sin embargo, nosotros queremos dejarlo más abierto”, añadió.
Desde noviembre de 2018, el tema se volvió trascendente, pues fue presentado en el Senado de la República por la entonces legisladora y ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien propuso
Crear el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis (IMRCC), un órgano desconcertado de la Secretaría de Salud que se encargue de regular, reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar el sistema de regulación, así como de concentrar el padrón de productores.
En dicha propuesta se tocaba el tema del autoconsumo, las cooperativas de producción, el uso científico y de investigación, así como el fin comercial de la cannabis, el cual estaría regido hasta por 15 tipos de licencias que abarcaría de producción personal hasta el uso industrial.
En este sentido, el instituto antes referido, sería el encargado de establecer los lineamientos para otorgar permisos o licencias, aplicar sanciones administrativas por infracciones a las normas reguladoras, implementar un registro anónimo de autoproductores y establecer los lineamientos para la creación del padrón de cooperativas de cannabis.
Estaría conformado por una dirección general, un consejo consultivo y uno de ciudadanos. El director del instituto sería nombrado y removido por el titular de la Secretaría de Salud. El consejo consultivo estaría formado por un representante de la Secretaría de Salud, que lo presidiría, uno de Sagarpa, de la SEP, de Segob, de Semarnat, de Hacienda y de SER, que se encargarían de hacer una evaluación del programa de control y regulación cada cinco año para determinar el cumplimiento de los objetivos.
El consejo consultivo ciudadano sería conformado por siete personalidades con fama pública de probidad, independencia y profesionalismo, que serían propuestas por instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, y luego de solicitar una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su discusión, el Senado aún tiene la iniciativa en el proceso legislativo en las comisiones de Justicia y Salud, por lo que se espera que este segundo Periodo Ordinario de Sesiones del segundo año de Legislatura el tema esté listo, aas tardar el 30 de abril.